22 agosto

El régimen de pensiones complementarias de los empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social es insostenible. El sistema tiene un “enorme hueco” actuarial y será incapaz de cumplir sus obligaciones dentro de una década. La conclusión surge de un estudio ejecutado por la Dirección Actuarial y Económica de la institución para valorar el llamado Fondo de Retiro de los Empleados (FRE).

“A la luz de los resultados obtenidos en los escenarios planteados se tiene que, bajo los beneficios y aportes establecidos en la reglamentación actual, el FRE no tiene solvencia actuarial”, dice textualmente el informe. Pero antes de examinar las causas del descalabro, vale la pena preguntar por qué existe el FRE y cómo se financia.

No hay justificación alguna para semejante privilegio. Es uno más de tantos asentados a lo largo y ancho de la Administración Pública gracias a la “generosidad” de funcionarios a quienes no les duele regalar lo ajeno.

El común de la gente paga una pensión complementaria y, si a la obligatoria quiere sumarle una voluntaria, el gasto corre por su cuenta con el único apoyo de las exoneraciones tributarias establecidas en la Ley de Protección al Trabajador. Los empleados de la Caja, en cambio, no aportan un céntimo al FRE. El fondo se financia con los aportes obrero-patronales del común de la gente.

Todos pagamos para que los empleados de la Caja disfruten una pensión complementaria sin aportar un cinco. El FRE recibe el 2 % del costo de la planilla de la Caja y la sugerencia actuarial es elevar ese aporte al 3 %, lo cual, de todas formas, no solucionará el problema. Para entender las dimensiones de los montos invertidos en costear el privilegio, basta con señalar que el FRE, con todo y su crisis, cerró el 2018 con ¢202.790 millones en reserva y 16.851 pensionados.

Tampoco lograrán resolverlo con una modificación del sistema de cálculo de la pensión complementaria. La Caja calcula la pensión del común de la gente —que sí cotiza para obtenerla— tomando como base el promedio de los últimos 240 salarios, pero concede sus especialísimas jubilaciones complementarias basada en los últimos 24. Ahora, con el FRE haciendo agua, los actuarios proponen utilizar el mismo método utilizado en el cálculo de los costarricenses comunes.

Es demasiado tarde y equilibrar el sistema exigiría comenzar, de inmediato, a recaudar una cotización del 7,8 % del salario de cada trabajador. No hay, sin embargo, ninguna propuesta formal para adoptar esa medida y es cuestionable si el beneficio al final de la vida laboral valdría la pena.

La pensión promedio del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) administrado por la Caja es de ¢226.800, pero las pensiones gratuitas concedidas con fondos públicos a los empleados de la institución llegan hasta ¢324.120 y, en promedio, el complemento es de ¢122.196, poco menos de los ¢136.865 establecidos como pensión mínima para el común de la gente.

A fin de cuentas, los empleados de la Caja tienen la pensión del IVM, la del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) y la gratuita del FRE. Como no cotizan para esta última, más de uno tendría oportunidad de dirigir los fondos al sistema voluntario creado por la Ley de Protección al Trabajador para tener un cuarto ingreso como pensionado. Hay mucho margen de maniobra si una de la pensiones es regalada por el común de la gente, la misma que cobra una pensión promedio o menos.

No hay justificación alguna para semejante privilegio. Es uno más de tantos asentados a lo largo y ancho de la Administración Pública gracias a la “generosidad” de funcionarios a quienes no les duele regalar lo ajeno. Ahora, para mantener el beneficio, nos piden más. Sería una vergüenza dárselo.