EscucharDon José Figueres Ferrer publicó en 1943 Palabras gastadas, un libro dedicado a recuperar el significado profundo de términos como democracia, socialismo y libertad, secuestrados por el totalitarismo y repetidos hasta la saciedad, con significados distintos y grave riesgo para su auténtico contenido conceptual.
La República Democrática Alemana, por ejemplo, erigió un muro para impedir la huida de su población a la República Federal, de nombre menos pretencioso, pero mucho más democrática. Similar ejercicio hizo George Orwell seis años más tarde, con magistral ironía, en su 1984, donde la dictadura del Gran Hermano utiliza la terminología con fines propagandísticos y de dominación.
Las palabras se gastan a fuerza de manipulación y, cuando importan, es preciso recuperarlas como hizo don Pepe en su obra de 1943. Costa Rica está urgida de esos mismos ímpetus para recuperar términos en mala hora gastados con el objeto de disimular ofensivos abusos burocráticos.
Cuando votaron para rechazar el plan fiscal, los magistrados dijeron actuar en defensa de la “independencia judicial”. La protección de privilegios gremiales y particulares desde tan altas posiciones del Estado no luce bien. Entonces, pusieron de por medio un fin superior, a riesgo de erosionarle significado con obvias descontextualizaciones.
La independencia judicial es de capital importancia para la democracia, pero se concreta en el libre ejercicio de la función jurisdiccional y en la organización indispensable para garantizarlos. Nada más. Los años de cesantía pagados a los funcionarios judiciales no guardan relación con ninguna de las dos cosas, pero la Corte Plena pretende hacernos creer lo contrario e insiste en el mantra de la “independencia judicial”, como si el término, a fuerza de cansina repetición, pudiera estirarse hasta abarcar las prestaciones.
La maniobra es transparente y la Corte Plena se pasea como el emperador del cuento infantil, totalmente desnuda. Los discursos, todos referidos a ingresos y beneficios, utilizan la independencia judicial como hoja de parra, a riesgo de devaluarla. La propia Corte pone en duda el significado profundo del término cuando acude a él con ligereza para eximirse de contribuir, como el resto del país, a enfrentar la crisis fiscal y evitar un derrumbe económico de dimensiones impredecibles, pero, indudablemente, graves.
En la Universidad Nacional, la construcción de la plaza de la Diversidad, a un costo de $14,5 millones, es ahora un asunto de inviolable “autonomía universitaria”, con todas sus implicaciones para la libertad de cátedra y otros sagrados principios a cuyo tenor la institución puede gastar lo que le dé la gana, en lo que quiera, cuando guste y con completa indiferencia frente a la realidad fiscal del país.
“Defender el proyecto Plaza de la Diversidad y Casa Estudiantil es defender nuestra autonomía universitaria”, dice un aviso publicado para exhortar a estudiantes y profesores a acompañar al rector, Alberto Salom, a la Asamblea Legislativa, donde respondería a los cuestionamientos de los diputados.
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Pero no, defender la obra es solamente eso y no guarda relación alguna con los altos principios invocados para movilizar a la comunidad universitaria. El dinero es de los contribuyentes. Ellos y sus representantes, los legisladores, tienen todo el derecho a cuestionar el gasto y exigir un uso racional de los fondos. La “autonomía universitaria” no debe cobijar el capricho ni los excesos. Mientras más se utilice el término con ese propósito, mayor el riesgo de convertirlo en palabras gastadas.
