22 julio

El Fondo Monetario Internacional (FMI) cerró, de un portazo, el camino inicialmente tanteado por legisladores del Partido Liberación Nacional para descarrilar las gestiones de Costa Rica en procura de nuevos recursos. El gobierno pidió a la Asamblea Legislativa autorización para ejecutar un instrumento de financiamiento rápido (IFR) ya aprobado por el FMI. También planteó la importancia de agilizar ese trámite para luego iniciar la negociación de un acuerdo stand by (SBA, por sus siglas en inglés), sin el cual difícilmente evitaremos caer a profundidades inimaginables de crisis económica, política y social.

Los legisladores liberacionistas escribieron al Fondo para preguntar si en verdad existe la relación entre los dos acuerdos, si podrían discutirlos al mismo tiempo y si el FMI tendría la amabilidad de fundirlos en uno solo. El efecto práctico de esas pretensiones sería demorar un financiamiento de $508 millones que, al parecer, los liberacionistas de la Comisión de Asuntos Hacendarios no consideran urgente, pese a la pandemia y al sufrimiento de la población.

El FMI contestó con el comedimiento y cortesía de estilo, pero la carta, bien interpretada, reprocha la demora costarricense frente a la celeridad con que el Directorio Ejecutivo de la institución aprobó nuestra petición de ayuda. Para sonrojo nacional, el FMI recuerda la existencia de “una expectativa firme” de que el país solicitante utilice los recursos sin demora cuando hayan sido aprobados, porque el IFR se concede sobre la base de “una necesidad urgente de balanza de pagos” que, de no ser atendida, generaría una perturbación económica inmediata y severa.

Además, la célere aprobación del IFR (por el FMI, no por la Asamblea Legislativa, empeñada en maniobras de lucimiento político) tiene la intención de “proporcionar oportunamente recursos para apoyar el gasto sanitario esencial y la adopción de medidas de alivio para las poblaciones vulnerables del país”, dice la carta del organismo financiero.

Luego, advierte a los diputados liberacionistas: “En vista de las urgentes necesidades creadas por la pandemia, las demoras en la canalización de los recursos disponibles en el marco del IFR podrían exacerbar las presiones existentes de financiamiento sobre la economía y el presupuesto del gobierno. De producirse nuevas demoras en la aprobación del IFR, estas podrían incidir negativamente en la disponibilidad de financiamiento proveniente de otras instituciones financieras internacionales —algunas de las cuales condicionan la aprobación de sus préstamos a la existencia de un IFR— y, por ende, en la capacidad del país para cubrir su importante brecha de financiamiento en el 2020”.

También pasamos por la vergüenza del siguiente recordatorio: “La pronta aprobación del IFR por la Asamblea Legislativa podría apuntalar la confianza de los inversionistas, entre otras formas al dar una señal positiva acerca de la capacidad institucional y política de Costa Rica para emprender negociaciones de un programa completo”.

Por último, la carta señala lo obvio, desnudando el sinsentido de las “dudas” liberacionistas. En síntesis, una de las características del instrumento de financiamiento rápido es que es rápido. “Una nueva demora de Costa Rica en la utilización de la compra del IFR aprobada por el FMI sería incoherente con el carácter urgente y excepcional del instrumento”, dice el FMI.

Además de dejarnos sin el financiamiento rápido, la demora “podría complicar la consideración por parte del Directorio Ejecutivo de un posible acuerdo complementario para Costa Rica”, reza la grave admonición final.

Cualquiera pensaría que la respuesta del FMI, en las difíciles circunstancias del país, pondría fin a las maniobras políticas, pero estaría equivocado. A Silvia Hernández, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios y firmante de la consulta al FMI, ahora la asaltan las dudas de constitucionalista y se siente obligada a consultarlas a la Procuraduría, la Contraloría y el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.

Hernández no sabe si el IFR debe ser aprobado por el Congreso, porque es una autorización de endeudamiento, no un contrato de préstamo. Según la Constitución, opina la legisladora, los diputados aprueban los contratos de empréstitos internacionales, lo cual en este caso no existe.

El razonamiento tendría asidero si los “empréstitos o convenios similares” necesitados de aprobación legislativa según el artículo 121, inciso 15, fueran instrumentos con formalidades predeterminadas por la Constitución misma, pero el IFR es un “empréstito o convenio similar” por dondequiera que se le mire, aunque no tome la forma usual simple y sencillamente porque esa no es la práctica del FMI. La autorización pedida a la Asamblea Legislativa especifica tasa, plazo, condiciones de pago y destino de los fondos.

El Directorio Ejecutivo del FMI ofreció los términos ya conocidos por la Asamblea y el gobierno los considera aceptables. Es decir, el convenio existe. Las partes están de acuerdo sobre todos sus detalles. La pregunta es si el Congreso aprueba o imprueba lo convenido para satisfacer el espíritu y letra de la norma constitucional: asegurar el control parlamentario del endeudamiento.

Mientras aclaramos esas “dudas” y desarrollamos nuevas maniobras para anotar puntitos políticos, las calificadoras de crédito, la comunidad financiera internacional y el propio FMI nos contemplan. Habrá daño aunque se agoten las objeciones y se aprueben los empréstitos.