Nicaragua es la prueba más dolorosa de por qué ningún gobernante democrático debe jugar con la palabra “dictadura”, prometer “tomar” el Poder Judicial, situarse por encima de magistrados, jueces, fiscales o diputados, ni vilipendiar a los periodistas que revelan los abusos y las corruptelas del poder.
Daniel Ortega comenzó la demolición de la democracia con una guerra de palabras: dividió a los nicaragüenses, sembró odio entre compatriotas y desplegó campañas cuidadosamente diseñadas para desacreditar las instituciones. Su propósito era habituar a la ciudadanía a despreciar los límites al poder, hasta presentar la concentración de toda la autoridad no como un abuso, sino como un supuesto acto de rescate o “recuperación” nacional.
El 19 de julio pasado, durante la conmemoración del 47.º aniversario de la revolución que derrocó a la dictadura somocista en 1979, Ortega anunció que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones” presidenciales. Sus palabras lo retratan como el verdadero golpista, alguien que traicionó a un pueblo al que prometió liberar de la opresión; su anuncio les arrebata a los nicaragüenses el derecho a elegir y consuma un proyecto dinástico junto con su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, o perpetuarlo mediante los sucesores que ambos designen.
Los diputados de la Asamblea Nacional, subordinados al matrimonio gobernante, se preparan para aprobar en setiembre otra reforma constitucional que ampliará el periodo presidencial de seis a siete años “prorrogables” y excluirá de los comicios a quienes el régimen califique de “golpistas” o “traidores a la patria”.
La ironía es que los autoritarios nunca se miran al espejo. Ortega no se trajo abajo la democracia de un día para otro. Desde su regreso a la Presidencia, en 2007, gracias a elecciones democráticas, comenzó la lenta apropiación del Estado.
Subordinó a los jueces, dominó la Asamblea Nacional, corrompió al Ejército y capturó el tribunal electoral; eliminó los límites a la reelección, persiguió a la prensa, clausuró organizaciones civiles, reprimió manifestaciones, encarceló adversarios a los que les fabricó delitos, y expulsó del país y desnacionalizó a centenares de opositores, religiosos, periodistas e intelectuales. Anuló toda voz crítica.
En 2021, convocó una pantomima electoral después de encarcelar a sus principales rivales y se adjudicó la reelección con el 75% de los votos.
Luego del fraude, convirtió a Murillo en copresidenta, amplió el periodo de gobierno a seis años y aplazó hasta noviembre de2027 las elecciones previstas para finales de este 2026.
Ortega y Murillo parecen haber hecho suya aquella cínica frase atribuida a Anastasio Somoza García: “Yo solo tengo una hacienda y se llama Nicaragua”. Gobiernan el país como una propiedad familiar y a sus habitantes como súbditos. La fortuna del llamado “presidente de los pobres” alcanza los $2.500 millones, según revelaciones del diario La Prensa. En contraste, el régimen no publica datos de pobreza desde 2016.
El régimen sí prodiga a diario agravios contra sus críticos. “Terroristas”, “vendepatrias”, “imperialistas” e “hijos de perra” son parte del diccionario dictatorial con que inventa golpes y traiciones para mantener al país bajo amenaza permanente. Son fantasmas útiles para justificar la represión, pues nadie puede organizarse sin ser detectado por la maquinaria de inteligencia estatal.
Costa Rica reaccionó correctamente al anuncio de Ortega y reafirmó su compromiso con elecciones libres en Nicaragua. Ahora, esa condena debe transformarse en una política exterior activa. Por su historia, su cercanía geográfica y la presencia de miles de nicaragüenses dentro de nuestras fronteras, el país tiene la responsabilidad de impulsar acciones en la Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas y negarse a normalizar una sucesión dinástica disfrazada de reforma constitucional.
Pero, además, tiene una potente oportunidad para promover una respuesta regional desde el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que comenzará a dirigir desde este 9 de agosto la costarricense, Lina Ajoy.
En ese sentido, el gobierno de la presidenta Laura Fernández debe utilizar los mecanismos del SICA para promover consultas, pronunciamientos y acciones conjuntas en defensa del derecho de los nicaragüenses a elegir y sustituir libremente a sus gobernantes. Sería una contradicción que el organismo regional guardara silencio. Si no actúa cuando son amenazadas la paz, la libertad y la democracia que justifican su existencia desde 1993, ¿cuál es entonces su razón de ser?
La responsabilidad de Costa Rica, entonces, es doble: no dar la espalda a un pueblo que sufre cárcel, exilio, miedo, separación de sus familias y supresión de libertades, y no trivializar dentro de nuestras fronteras el lenguaje con que comienzan las tiranías. Detrás de cada dictadura, hay seres humanos despojados de su voz, su libertad y hasta de su propia patria. Por eso, hablar de dictadura no debe ser un juego.