La Asamblea Nacional y autoridades electorales -controladas por el gobierno- preparan las leyes solicitadas por el mandatario Daniel Ortega para que en los comicios no participen “vendepatrias” y “golpistas” al servicio de Estados Unidos, como suele referirse a sus adversarios.
La votación del proyecto estaba prevista originalmente para inicios de agosto.
“Concluido el proceso de consulta, la comisión especial elaborará el dictamen correspondiente para su presentación ante el plenario con el objetivo de aprobar la reforma constitucional en los primeros días” de septiembre, dijo Murillo a un medio estatal.
La copresidenta y esposa de Ortega señaló que la iniciativa fue expuesta este lunes al cuerpo diplomático y que el proceso de consulta abarcará varios sectores.
“Estamos pendientes de conocer los resultados de este primer encuentro respetuoso y amistoso con la comunidad diplomática”, agregó.
Las consultas incluirán a la Corte Suprema, el Ejército, la Policía, sectores empresariales, bancarios, iglesias y pueblos indígenas, entre otros, mencionó Murillo.
Rechazo internacional
Varios países y organizaciones internacionales rechazaron la intención de Ortega -en el poder desde hace casi 20 años- de dejar por fuera de las elecciones a los partidos opositores.
Estados Unidos advirtió que “no se quedarán de brazos cruzados” frente a la “dictadura”, mientras la Unión Europea (UE) exhortó al gobierno nicaragüense a convocar elecciones “de conformidad con las normas internacionales”.
Nicaragua tildó esas críticas de “injerencistas e imperialistas”. “No somos vasallos de nadie”, respondió a la UE.
Por su parte, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que romperá relaciones con Nicaragua y Cuba tan pronto tome el poder el 7 de agosto. Afirmó que no mantendrá “vínculo alguno con tiranías”.
Nicaragua debía ir elecciones generales en noviembre próximo, pero hace un año y medio una profunda reforma constitucional amplió el mandato presidencial de cinco a seis años, por lo que los comicios tendrían que realizarse en noviembre de 2027.
Ortega, de 80 años, y su esposa Rosario Murillo, de 75, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.
La pareja presidencial considera esas movilizaciones como un “intento de golpe de Estado” patrocinado por Estados Unidos.
