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El Congreso de Nicaragua, controlado por el gobierno, votará a inicios de agosto una reforma para impedir que partidos opositores compitan en elecciones, a pedido del presidente Daniel Ortega, informó el jefe del Legislativo, Gustavo Porras.
Los diputados y la autoridad electoral definirán los “elementos para no dejar ni un resquicio” y que no se “pueda meter la manipulación terrible de los imperios y de sus lacayos” en los comicios, dijo Porras, al referirse a los opositores, y precisó que “en la primera semana de agosto” se someterá “a votación las reformas”.
El anuncio de la abolición del proceso electoral ha despertado una escalada de protestas contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el poder desde 2007.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó este miércoles la represión de las libertades civiles y políticas en Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega se negó a convocar elecciones.
“Estos recientes acontecimientos acentúan aún más las graves restricciones a las libertades fundamentales, el desmantelamiento del espacio cívico y la erosión constante del Estado de derecho”, señaló el Alto Comisionado, que denunció que el poder se concentre cada vez más en el país latinoamericano.
Protesta diplomática contra Ortega y Murillo
El Gobierno de Panamá llamó a consultas a su embajador en Nicaragua, Eddy Davis Rodríguez, después de que Daniel Ortega anunciara el fin de las elecciones en el país.
La Cancillería panameña consideró que eliminar el derecho al voto representa un “fuerte agravio” contra los principios, valores y derechos que sostienen las sociedades democráticas.
“El voto constituye el principal mecanismo mediante el cual los ciudadanos expresan libremente su voluntad. Suprimir este derecho fundamental representa un fuerte agravio a los principios, valores y derechos que sostienen nuestras sociedades”, subrayó el Ministerio de Exteriores panameño.
Panamá reafirmó su compromiso con la democracia, el orden constitucional, las libertades fundamentales y el pluralismo político. También llamó a las autoridades nicaragüenses a respetar los derechos civiles y políticos, preservar la vía electoral y garantizar las condiciones necesarias para que todas las voces participen libremente en la vida pública del país.
La decisión panameña llegó en medio de una creciente tensión diplomática entre Nicaragua y Costa Rica.
El Gobierno y la Asamblea Legislativa costarricenses condenaron las declaraciones de Ortega, luego de que el mandatario anunciara medidas para impedir que la oposición recupere el poder.
La Cancillería de Nicaragua respondió y acusó a Costa Rica de interferir en sus asuntos internos. Además, recordó al Gobierno costarricense el principio de no intervención en los asuntos de otros Estados.
“Nicaragua no es una provincia de su respetable país y, por lo tanto, no tiene derecho a ejercer su soberanía o independencia, igual que cualquier otro Estado del mundo”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense.
Costa Rica había expresado su preocupación por las declaraciones de Ortega y reafirmado su defensa de la democracia, las libertades fundamentales y la celebración de elecciones libres, periódicas y transparentes.
La Asamblea Legislativa costarricense también rechazó la postura del mandatario nicaragüense y cuestionó cualquier intento de eliminar el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus gobernantes.
Ortega originó la controversia durante un discurso por el 47 aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista. El mandatario afirmó que no permitirá que la oposición vuelva a utilizar las elecciones para recuperar el poder y anunció que impulsará leyes para impedirlo.
“Aquí no volverán a haber elecciones. No crean que porque no hay guerra estamos en paz. Ellos (la oposición) viven conspirando, buscando cómo organizar partidos, para que, en una elección, esos partidos ganen las elecciones. Aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somosistas, volverán a llegar al gobierno, jamás”, afirmó el mandatario.
El régimen Ortega-Murillo defendió posteriormente su postura y sostuvo que la soberanía de Nicaragua no está en discusión. También afirmó que sus decisiones se sustentan en su “democracia constitucional y jurisprudencia”.
Condena de Estados Unidos
Desde Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, condenó las declaraciones del mandatario nicaragüense y afirmó que “dejan al descubierto su verdadera naturaleza autoritaria”. Además, instó a la comunidad internacional a actuar ante el rumbo político que ha tomado Nicaragua.
Recientemente, la Asamblea Nacional de Nicaragua informó que inició el análisis de reformas constitucionales, legales y electorales para ejecutar las orientaciones anunciadas por el presidente Ortega.
El órgano legislativo indicó en su cuenta de X, que se realizarán sesiones especiales con el Consejo Supremo Electoral (CSE) para impulsar los cambios que, según el documento, establecerán las bases jurídicas de un nuevo modelo político y garantizarán la continuidad de los procesos institucionales del país.
#AHORA 🇳🇮 Asamblea Nacional informa al Pueblo nicaragüense que está iniciando los análisis necesarios para elaborar un Plan de Trabajo que cumplan con las orientaciones presidenciales pic.twitter.com/zmXnQMrDp4
— Asamblea Nacional Nicaragua (@AsambleaNi) July 21, 2026
Ortega gobierna Nicaragua desde 2007, cuando regresó al poder después de haber encabezado el Gobierno sandinista tras el triunfo de la revolución que derrocó a la dictadura de la familia Somoza en 1979.
Las últimas elecciones de Nicaragua, realizadas el 7 de noviembre de 2021, culminaron con un quinto mandato presidencial de Ortega, en unos comicios celebrados con al menos 39 opositores detenidos, incluidos siete aspirantes a la Presidencia.
