La Asamblea Nacional de Nicaragua informó este martes que inició el análisis de reformas constitucionales, legales y electorales para ejecutar las orientaciones anunciadas por el presidente Daniel Ortega, quien el pasado domingo aseguró que en el país “no volverá a haber elecciones”.
En un comunicado oficial emitido este 21 de julio, y publicado en su cuenta de X, el órgano legislativo indicó que se realizarán sesiones especiales con el Consejo Supremo Electoral (CSE) para impulsar los cambios que, según el documento, establecerán las bases jurídicas de un nuevo modelo político y garantizarán la continuidad de los procesos institucionales del país.
El texto señala que las reformas buscan:
“Asegurar la paz, la seguridad, la estabilidad y la continuidad de los logros contra la pobreza”.
Asimismo, precisa que la Asamblea fue convocada para cumplir los “mandatos recibidos durante el acto del 19 de julio”, cuando se conmemoró el 47.° aniversario del triunfo de la revolución sandinista.
El anuncio llega después de que Ortega afirmara, durante ese acto oficial, que en Nicaragua no volverán a celebrarse elecciones en las que puedan participar “partidos puestos por los yanquis”, en referencia a Estados Unidos.
#AHORA 🇳🇮 Asamblea Nacional informa al Pueblo nicaragüense que está iniciando los análisis necesarios para elaborar un Plan de Trabajo que cumplan con las orientaciones presidenciales pic.twitter.com/zmXnQMrDp4
— Asamblea Nacional Nicaragua (@AsambleaNi) July 21, 2026
Las declaraciones provocaron una inmediata reacción internacional. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió que el gobierno del presidente Donald Trump “no se quedará de brazos cruzados” mientras, según dijo, la administración de Ortega profundiza la represión y amenaza la estabilidad regional.
“La declaración de Daniel Ortega de que bajo su dictadura familiar Nicaragua no volverá a celebrar elecciones muestra su verdadera naturaleza autoritaria”, declaró Rubio.
Nicaragua debía celebrar elecciones generales en 2027, tras la reforma constitucional aprobada a finales de 2024 que amplió el mandato presidencial de cinco a seis años y convirtió a Rosario Murillo en copresidenta.
Diversos dirigentes opositores en el exilio consideran que la decisión de Ortega busca consolidar un modelo de partido único similar al de Cuba.
Desde las protestas de 2018, que dejaron alrededor de 300 muertos según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el gobierno ha encarcelado y expulsado a opositores, periodistas, religiosos y activistas.