La Asamblea Nacional -controlada por el gobierno- prevé aprobar a inicios de septiembre los cambios a la Constitución solicitados por Ortega para impedir la participación de opositores que, según él, estén al servicio de Estados Unidos.
El exguerrillero izquierdista de 80 años y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, de 75, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.
La pareja presidencial, en el poder desde hace casi dos décadas, considera esas movilizaciones como un “intento de golpe de Estado” patrocinado por Estados Unidos.
Durante una reunión con los mandos del Ejército para informar sobre el proyecto, el jefe del Legislativo, Gustavo Porras, dijo que el “primer elemento” es la reforma del artículo sobre los derechos ciudadanos para postular en comicios.
La Constitución establecerá que “no podrán ser candidatos a cargos de elección popular, ni podrán ejercer cargos públicos (...) los golpistas” y “los que hayan incurrido en actos que menoscaban la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación de Nicaragua”, dijo Porras en su intervención.
También excluirá a “los traidores a la Patria” y a quienes “viven pidiendo intervención militar”, que “aplauden y piden sanciones para todos nosotros”, agregó Porras, en referencia a opositores exiliados a quienes llamó “demonios”.
Por su lado, el jefe del Ejército, Julio César Avilés, aseguró que la reforma tiene el “firme respaldo” de las Fuerzas Armadas.
Al recibir la propuesta de Ortega el pasado martes, Porras dijo que la reforma además ampliará el periodo presidencial de seis a siete años “prorrogables”, lo que según líderes opositores supone enterrar las elecciones.
El texto completo de la iniciativa no ha sido difundido aún por la Asamblea ni por el gobierno de Ortega.
El medio oficialista TN8 informó que durante la reunión con los militares se dio a conocer que el proyecto también prevé anular partidos que hayan recibido financiamiento extranjero o cuyos representantes hayan “violentado” la Constitución.
