Desde hace varios años, Nicaragua dejó de ser la democracia con la que se soñó luego de la caída de la infame dictadura somocista. Con el regreso del orteguismo, en el 2007, se fue implantando un sistema basado en un ejercicio ilimitado del poder estatal –exclusivista y arbitrario– y en la supresión de libertades fundamentales. La CIDH, desde el 2018, ha documentado gravísimas violaciones a derechos humanos que incluyen muertes, desapariciones y detenciones ilegales. Una de las críticas más socorridas fue el papel desempeñado por juzgados y fiscalías en aquellos eventos.
El desmantelamiento del Estado de derecho en Nicaragua empezó con la cooptación del Poder Judicial. Cuando Ortega perdió las elecciones en 1990, pactó un acuerdo con Arnoldo Alemán, presentado como un mecanismo para facilitar la gestión del Partido Liberal Constitucionalista. Sin embargo, en realidad fue un reparto de cuotas que a la larga ha permitido el control gubernamental de instituciones como la Corte Suprema y el Consejo Supremo Electoral.
Lo que sucede hoy en Nicaragua es, en buena medida, el resultado de años de secuestro de las instituciones judiciales. La estrategia de Ortega fue colocar, gracias a las fichas que controlaba en la Corte, a militantes sandinistas en distintos juzgados y tribunales, de manera que estos –como una extensión más del poder del tándem Murillo-Ortega– legitimaran sus decisiones sin cuestionarlas ni actuar como el contrapeso que se espera que sea el aparato de justicia en un régimen democrático.
Afortunadamente, la solidez institucional de Costa Rica no tiene punto de comparación. Sin embargo, la tragedia nicaragüense deja lecciones valiosas en clave doméstica. Los repetidos ataques de las últimas dos administraciones contra el Poder Judicial deben dejar de verse solo como la retórica desesperada, tóxica y chabacana de quienes, incapaces de resolver un problema tan acuciante como la violencia homicida, trasladan las responsabilidades de su incompetencia a los demás.
La manifiesta voluntad de controlar al sistema judicial, traducida en desfinanciamiento, desinformación y deshumanización de funcionarios con responsabilidades institucionales, reúne los elementos del playbook que han abrazado todas las autocracias centroamericanas. Las alarmas son incuestionables; a los autócratas y a sus burdos imitadores no hay nada que les seduzca más que tener jueces a la carta. Aunque esa sea, probablemente, una de las mayores desgracias para una democracia.
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Marco Feoli es abogado, profesor en la Universidad Nacional (UNA) y miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU.