Desde hace varios años, Nicaragua dejó de ser la democracia con la que se soñó luego de la caída de la infame dictadura somocista. Con el regreso del orteguismo, en el 2007, se fue implantando un sistema basado en un ejercicio ilimitado del poder estatal –exclusivista y arbitrario– y en la supresión de libertades fundamentales. La CIDH, desde el 2018, ha documentado gravísimas violaciones a derechos humanos que incluyen muertes, desapariciones y detenciones ilegales. Una de las críticas más socorridas fue el papel desempeñado por juzgados y fiscalías en aquellos eventos.
El desmantelamiento del Estado de derecho en Nicaragua empezó con la cooptación del Poder Judicial. Cuando Ortega perdió las elecciones en 1990, pactó un acuerdo con Arnoldo Alemán, presentado como un mecanismo para facilitar la gestión del Partido Liberal Constitucionalista. Sin embargo, en realidad fue un reparto de cuotas que a la larga ha permitido el control gubernamental de instituciones como la Corte Suprema y el Consejo Supremo Electoral.
Lo que sucede hoy en Nicaragua es, en buena medida, el resultado de años de secuestro de las instituciones judiciales. La estrategia de Ortega fue colocar, gracias a las fichas que controlaba en la Corte, a militantes sandinistas en distintos juzgados y tribunales, de manera que estos –como una extensión más del poder del tándem Murillo-Ortega– legitimaran sus decisiones sin cuestionarlas ni actuar como el contrapeso que se espera que sea el aparato de justicia en un régimen democrático.