EscucharLos vecinos de la calle Jeremías, en Aguas Zarcas de San Carlos, decidieron “sembrar” matas de plátano en los enormes huecos a lo largo de dos kilómetros de la calle cantonal que atraviesa la comunidad. Es un intento desesperado por llamar la atención de la Municipalidad de San Carlos sobre el mal estado de la vía, luego de tres años sin recibir mantenimiento.
En el barrio Getsemaní, de Heredia, los pobladores se unieron en una singular protesta por los 400 huecos que hacen intransitable una calle de 3,5 kilómetros. Cansados de promesas, resaltaron los cráteres con pintura blanca en aerosol y escribieron mensajes en la calzada. Producto de esta iniciativa, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y la Municipalidad de San Rafael comenzaron a bachear la ruta.
Movimientos comunales similares ocurren en otros puntos del territorio nacional o están en gestación, dado el abandono de la infraestructura vial desde hace más de un año, luego del vencimiento de los contratos de conservación y el recorte aplicado por la Asamblea Legislativa al presupuesto del Consejo Nacional de Vialidad en este 2022 a raíz del escándalo desatado por el caso Cochinilla.
Según las más recientes evaluaciones del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), el 26% de las rutas nacionales están en condición frágil. Esto significa que 1.380 de los 5.300 kilómetros de la red pavimentada empeorarán durante la actual estación lluviosa si no reciben atención oportuna, especialmente si las lluvias cobran mucha más fuerza en los próximos meses.
En diciembre del 2021, el Lanamme advirtió de que, de no retomarse los trabajos de mantenimiento, al Estado le costaría ¢235.000 millones recuperar las carreteras, pues, según estima, las rutas más afectadas podrían requerir reconstrucción o rehabilitación completa. Sin embargo, el Conavi indicó que los fondos disponibles para este año solo alcanzan para tapar huecos y, en caso de emergencia, remover derrumbes y limpiar vías.
Por otra parte, las municipalidades tampoco han logrado atender la red cantonal con eficiencia, a pesar de que los diputados del período pasado las eximieron de cumplir la regla fiscal en el uso de los recursos generados por la administración local y les trasladaron ¢29.244 millones del Consejo Nacional de Vialidad para atender, este año, los caminos vecinales.
Como lo ha señalado la Contraloría General de la República en reiteradas ocasiones, los gobiernos locales se han preocupado más por incrementar su gasto en salarios que por invertir recursos para atender las necesidades de infraestructura de sus jurisdicciones. Clara muestra de esa inacción son, precisamente, casos como los de la calle Jeremías y el barrio Getsemaní.
El deterioro de la red vial demanda soluciones a corto plazo. No solo afecta la calidad de vida, sino que también desmejora la competitividad del país. No obstante, el sentido de premura no se refleja en las medidas planteadas con un horizonte puesto en el 2023.
“Tenemos los recursos limitados y no puedo tapar todos los huecos del país en un año”, afirma Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes, quien anunció intenciones de apostar, a partir del próximo año, por contrataciones directas con un tope de ¢150 millones, pero solo para tareas de chapea, bacheo y atención de emergencias, de modo que las intervenciones más profundas quedarán para algún momento incierto.
El deterioro se seguirá acentuando durante los próximos meses y no sería de extrañar si las carreteras se convierten, en el mejor de los casos, en un mosaico de remiendos hechos por los ciudadanos con matas de plátano, arena, tierra, escombros o mezcla, a falta de otros tipos de creatividad, empeño y visión demandados por los tiempos actuales.
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La Contraloría, en reiteradas ocasiones, ha llamado la atención a los gobiernos locales que se han preocupado más por incrementar su gasto en salarios que por invertir en las comunidades. Foto Edgar Chinchilla.
