Un periodista costarricense ha sido acribillado a la luz del día por balas asesinas. Su voz fue acallada para siempre, cerca de las 3:20 p. m. del lunes, por sicarios que cumplían con una encomienda ajena. La suya se suma a varias vidas más apagadas por causa de la violencia criminal que afecta al país.
Su valor no es ni mayor ni menor que el de otras vidas eliminadas en circunstancias o por designios diferentes. Pero las implicaciones de este horrendo acto trascienden a la víctima, Camilo Rodríguez, y a los seres queridos que hoy lo lloran. A ellos, nuestras condolencias.
Su asesinato es distinto, y aún más grave, porque representa un ataque público, notorio y frontal a la libertad de expresión, pilar esencial de la vida democrática. Las balas sicarias acabaron con su vida, pero también pretendieron silenciar un derecho que nos asiste a todos: el de buscar y difundir libremente informaciones y opiniones; denunciar, increpar, elogiar o criticar; dudar o asentir; exigir cuentas a los poderes públicos o privados, formales o informales, legítimos o perversos.
Los móviles precisos y probados del crimen no se conocen aún. Sin embargo, resulta obvio que el propósito principal fue lo que lograron dos asesinos desde una moto: silenciarlo. Lo hicieron mediante la más abyecta de todas las censuras, que es la muerte. Lo castigaron por denunciar actividades del narcotráfico en el país y sus posibles vínculos con sectores y personajes diversos.
Los estándares de verificación utilizados por Rodríguez estaban muy lejos de los que practicamos en La Nación y otros medios responsables e independientes del país. Pero cualquier persona que se hubiera sentido injustamente aludida por sus publicaciones tenía la vía de reclamo que ofrece nuestro sistema de justicia: la denuncia ante los tribunales.
Quienes optaron por la vendetta asesina revelaron, al activarla, su clara naturaleza criminal. A la vez, pusieron de manifiesto lo que, a todas luces, es objetivo ulterior: convertir el acto en una advertencia que inhiba la libertad de expresión de todos los costarricenses, pero, en particular, el ejercicio sin temores del periodismo libre.
Un hecho de esta magnitud, y con tantas y tan graves repercusiones, exige una investigación pronta, exhaustiva, integral, metódica e independiente de las autoridades, para esclarecerlo plenamente y llevar a los posibles culpables materiales e intelectuales ante la justicia.
Lo peor es el crimen ya cometido; lo segundo más grave, que pueda quedar impune. Sería catastrófico para nuestra convivencia y Estado de derecho. Confiamos en la capacidad, competencia e integridad del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía para evitarlo.
El asesinato de Rodríguez ocurrió en la ruta 32, en San Miguel de Santo Domingo de Heredia, a apenas 50 metros de distancia del sitio donde, hace 25 años, fue asesinado Parmenio Medina, quien ejercía la denuncia desde su programa radiofónico La Patada. ¿Simple casualidad? ¿Conveniencia por las presas de vehículos en esa zona, que a menudo obligan a los conductores a detenerse? ¿O un mensaje deliberado para los comunicadores que osen revelar los entramados del narcotráfico, del lavado de capitales y de la consecuente corrupción?
Esto último no puede descartarse. Además, el crimen de hoy se da en circunstancias nacionales muy distintas. El de Parmenio fue un hecho aislado, desvinculado de organizaciones criminales con altos grados de sofisticación, y condujo a la condena de un empresario a 28 años de prisión.
En la actualidad, las redes del narcotráfico mueven hilos diversos, han penetrado en múltiples estamentos y disponen de gran capacidad logística. Su poder es enorme, pero no lo estamos asumiendo adecuadamente. Lejos de contar con una estrategia de Estado proactiva, integral y colaborativa para confrontarlo con eficacia, el Poder Ejecutivo, desde el anterior gobierno, se ha dedicado a generar conflictos con otros actores clave, en particular el Poder Judicial, a restarle recursos y a pretender limitar su autonomía.
A la vez, también desde entonces se establecieron como rutina los insultos a la prensa, las amenazas a los periodistas y medios independientes (y también a ciudadanos que ejercen la crítica), la intolerancia hacia las voces que piden cuentas, la deslegitimación de los adversarios, la normalización de las agresiones verbales, el fomento de los discursos de odio y el fomento de un ecosistema mediático convertido en eco y amplificador de estas prácticas.
Hay que terminar de una vez por todas con esa nefasta estrategia e impedir que el temor se apodere de nuestra sociedad. Las representaciones de la Unión Europea y sus países miembros en Costa Rica, junto a las del Reino Unido, Canadá y Suiza, lo dijeron ayer con toda claridad: “Es esencial garantizar la protección de los periodistas y preservar las condiciones necesarias para que todas las personas puedan ejercer libremente su derecho a informar y a recibir información”.
Sin el ejercicio de ese derecho, que es también libertad, la democracia no puede existir. La tarea puntual, ante el crimen de Camilo Rodríguez, es capturar a todos sus responsables; la general, crear condiciones para que nunca más se repita algo así. Esta es la gran responsabilidad de nuestros gobernantes.
