Una misión internacional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), verificó, durante una visita al país entre el domingo 26 y el jueves 30 de enero, el peligroso deterioro que enfrenta la libertad de prensa en Costa Rica debido a las constantes agresiones verbales del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, contra medios de comunicación independientes.
Los siete delegados de la SIP, a quienes el mandatario rehusó recibir, concluyeron que el discurso hostil estigmatiza e intenta amedrentar al periodismo crítico, lo cual genera un clima de tensión que afecta el trabajo de los medios de comunicación y los periodistas, y fomenta temor y autocensura.
La SIP resumió así, textualmente, en un comunicado emitido el 30 de enero, sus hallazgos:
- Ataques verbales constantes del presidente Rodrigo Chaves, quien en sus conferencias de prensa semanales denosta a periodistas, a los que califica de “prensa canalla” y “sicarios políticos” (entre otros agravios).
- Fuerte hostigamiento en redes sociales a periodistas críticos, lo que se traduce en amenazas de parte de cuentas presuntamente ligadas al gobierno, lo que podría derivar en agresiones físicas.
- Granjas de troles que atacan a quienes expresan opiniones contrarias a las políticas oficiales o señalan inacciones del gobierno.
- Publicación en redes sociales de información personal y privada de periodistas y activistas, lo que expone a estos a riesgos y eventuales agresiones.
- Manipulación en la distribución de la pauta oficial como un sistema de premios y castigos que restringe el acceso a pauta a medios críticos y beneficia a aquellos que respaldan las políticas oficiales.
- Un clima enrarecido y polarizado sin precedentes en la historia política de Costa Rica, generado por estas acciones del Ejecutivo que fomentan un ambiente de temor e intimidación. “Nunca se ha vivido una polarización y un clima de intolerancia política semejante en este país”, fue una frase frecuente en los diálogos mantenidos por la comitiva.
- Subsistencia de leyes que criminalizan los delitos contra el honor, en contradicción con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, lo que representa una amenaza que aún se utiliza para castigar a los críticos en los medios de comunicación.
Estas graves conclusiones de los enviados especiales no representan solo un problema para periodistas y medios de comunicación, sino un riesgo directo para todos los ciudadanos y la democracia. Sin una prensa libre, se debilita el acceso a información veraz y se restringe la capacidad de la ciudadanía para fiscalizar al gobierno. La erosión del periodismo independiente favorece la impunidad, la corrupción y el abuso de poder.
José Roberto Dutriz, presidente de la SIP, no ocultó su preocupación en el comunicado internacional que emitió esa organización, que agrupa a más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida.
“Es alarmante ver cómo el clima de intimidación y hostilidad promovido desde el Ejecutivo afecta la labor de la prensa, como ya ha ocurrido en otros países de la región que pronto derivaron en regímenes autoritarios o en francas dictaduras. La libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia y no podemos permitir que se deteriore de esta manera en un país con la tradición democrática y de convivencia política que acredita Costa Rica”, afirmó el también director general del diario La Prensa Gráfica, de El Salvador.
Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información y vicepresidente segundo de la SIP, otro miembro de la misión, también se expresó inquieto por lo que ocurre en nuestro país. “La estigmatización de la prensa crítica y el uso de recursos del Estado para deslegitimar a periodistas y medios de comunicación generan un peligroso precedente que debilita la democracia. Es fundamental que el gobierno entienda que estas acciones van en detrimento del libre flujo informativo esencial en un sistema democrático", afirmó el director periodístico del diario La Voz del Interior, de Córdoba, Argentina.
Este dictamen viene a reafirmar las alertas que, localmente, han hecho organismos como el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) y el Centro de Investigación en Comunicación (Cicom), ambos de la Universidad de Costa Rica (UCR). En el IV Informe del Estado de la Libertad de Expresión, en julio de 2024, señalaron al gobierno como responsable de erosionar la libertad de prensa con “ataques sistemáticos del presidente Rodrigo Chaves a periodistas y medios de comunicación”.
Para confirmarlo científicamente, se sustentaron en una encuesta de opinión del Proledi y el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), de la UCR.
Ese estudio de opinión determinó que el 65,6% de la ciudadanía considera que la libertad de expresión está en peligro, y el 53%, que hay censura o limitaciones para expresarse libremente. El análisis escrutó 64 conferencias de prensa semanales de Chaves en las que se contabilizaron 291 menciones del gobernante a la prensa y solo cuatro de estas fueron para referirse de forma positiva. Las restantes 287 alusiones (98,6%) fueron negativas.
El mandatario y su gabinete deben comprender que la violencia no comienza con golpes o balas; se inicia con el lenguaje. Cuando la máxima autoridad de un país convierte la agresividad verbal en su principal herramienta de debate público, el siguiente paso es la violencia física. Y en Costa Rica, las cifras lo confirman. Mientras el presidente insulta a los periodistas y descalifica la crítica, el país atraviesa una ola de violencia creciente. Casi 900 homicidios al año, un aumento alarmante de femicidios –con cinco mujeres asesinadas en los primeros 27 días de enero– y una escalofriante cifra de 137.000 niños y adolescentes atendidos en un año por violencia en sus hogares, según datos del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
El problema no se detiene ahí. En las escuelas y colegios, el bullying va en aumento, reflejando una sociedad donde la agresión y el irrespeto son cada vez más comunes.
Se debe tener claro que las palabras de un presidente no son inofensivas. Construyen o destruyen la cohesión social. Si desde el poder se normaliza el insulto, el irrespeto y el ataque, ese mensaje cala en la población. La violencia se alimenta del discurso del odio, y en Costa Rica ya estamos viendo las consecuencias.
A pesar de este clima de hostilidad, La Nación y otros medios de comunicación independientes han seguido cumpliendo con su labor de informar, denunciar y cuestionar el poder. La perseverancia para revelar irregularidades de gobernanza, exponer la manipulación de la pauta estatal y evidenciar las redes de troles ha sido clave para que la ciudadanía comprenda la magnitud de la amenaza contra la democracia.
Este diario ha destapado intentos del Ejecutivo por frenar la publicación de información comprometedora, como ocurrió con los llamados "audios de la Presidencia“. También ha sido blanco recurrente de ataques del mandatario y su círculo cercano, evidenciando cómo el poder intenta acallar a los medios incómodos.
Los ciudadanos debemos cuestionarnos: ¿qué tipo de periodismo queremos en Costa Rica? ¿Uno que solo exalte las acciones del gobierno sin cuestionamientos, o una prensa que ejerza su función de denuncia, fiscalización y contrapeso del poder?
El informe de la SIP deja claro que Costa Rica atraviesa un momento crítico. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras el Ejecutivo erosiona la libertad de expresión y el derecho a la información. La prensa libre no es un enemigo del gobierno, sino un pilar fundamental de la democracia.
Si queremos preservar el país que tantas décadas ha costado construir, debemos alzar la voz y exigir respeto por el periodismo y el debate público. Pero también debemos comprender que la lucha por la libertad de prensa no es solo una lucha por los medios: es una lucha por el derecho de todos los costarricenses a vivir en una sociedad libre, sin miedo y sin violencia.
