Con 30 a favor y 13 en contra, los diputados aprobaron este lunes el informe de la Comisión investigadora de los contratos de publicidad del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), donde se concluye que el gobierno de Rodrigo Chaves utilizó la agencia de publicidad del Sinart para concentrar la pauta estatal y politizar este recurso.
Según la investigación, los recursos se usaron para otorgar contratos a los medios de comunicación afines al gobierno.
A favor votaron 15 legisladores de Liberación Nacional (PLN), cinco del Frente Amplio (FA), cinco del Liberal Progresista (PLP), dos de la Unidad Social Cristiana (PUSC), una de Progreso Social Democrático (PPSD) y las independientes Gloria Navas y María Marta Padilla.
En contra, votaron seis del PPSD, cinco de Nueva República (PNR) y dos del PUSC.
La Unidad, el partido más dividido en esta votación, alegó que la fracción dejó el voto a la libre, aunque la presidenta del foro investigadora era la socialcristiana Vanessa Castro. Ella y Alejandro Pacheco avalaron el informe, mientras que Leslye Bojorges y Carlos Andrés Robles lo rechazaron. Horacio Alvarado y María Marta Carballo se salieron del plenario. Los tres restantes de la fracción no asistieron a la sesión.
Para la mayoría de diputados del plenario, el gobierno empleó un método perverso para que el Sinart recurriera a contrataciones por demanda, pues eso servía para dominar la línea editorial de los medios de comunicación y asignar recursos a quienes que no ejerzan una línea crítica hacia el Poder Ejecutivo.
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El reporte de la investigación tiene las firmas de Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Ariel Robles, del Frente Amplio (FA); Johana Obando, del Partido Liberal Progresista (PLP), así como de los liberacionistas Dinorah Barquero y Danny Vargas, del Partido Liberación Nacional (PLN).
Entre las conclusiones de la investigación, se determinó que, desde la Presidencia de la República, se comprometió al Sinart y se le sometió a una crisis sin precedentes, al utilizarse con un fin estrictamente político.
La investigación también concluyó que no hubo criterios técnicos para la asignación de los recursos públicos utilizados para la pauta estatal.
A diferencia de los cinco firmantes, tanto el fabricista Pablo Sibaja como la oficialista Ada Acuña emitieron informes propios, separados del reporte de la mayoría.
Durante la discusión del informe, este lunes, la diputada Johana Obando, del PLP, cuestionó que el Estado haga más Estado para mantener un sistema ineficiente. Enfatizó que, entre las sugerencias de su fracción, está la del cierre de la agencia de publicidad del Sinart.
“La plata no alcanza para mantener cosas que no sirven, ese dinero se puede usar en becas, por ejemplo”, enfatizó Obando.
Comité editorial de la Casa Presidencial
Además de la politización de la pauta estatal, el informe cuestiona al Comité Editorial de la Presidencia de la República, órgano creado por sugerencia del productor Christian Bulgarelli. La recomendación de los diputados al Ministerio Público es que se investigue dicho comité por el presunto delito de tráfico de influencias, en relación con el manejo de una donación del Banco Centroamericano de Investigación Económica (BCIE) y por la concentración de fondos del Sinart.
Precisamente, con dinero donado por el BCIE, se concedió un contrato por $405.800 a la empresa de Bulgarelli, Nocaut, para asesoría en comunicación al gobierno de Rodrigo Chaves.
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El comité que los diputados solicitaron investigar estaba integrado por el presidente, Rodrigo Chaves; la exministra de la Presidencia, Natalia Díaz; el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez; la diputada oficialista Pilar Cisneros y el publicista Federico Cruz, conocido como Choreco.
Además, el reporte cuestiona la participación de Cisneros y Cruz en un órgano del Ejecutivo, pues ninguno es funcionario del gobierno.
En su intervención, Dinorah Barquero enfatizó que la participación de Cisneros es contraria al artículo 111 de la Constitución Política, donde se establece que es incompatible que una persona con una diputación preste sus servicios en cualquier otro poder de la República, o en instituciones autónomas, bajo pena de perder la credencial.
El informe recomienda que este asunto vaya a revisión del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
La diputada independiente Gloria Navas Montero destacó que la investigación se centró en la defensa de la libertad de expresión y libertad de prensa, así como en el resguardo de los recursos públicos que, temen los diputados, se hayan dilapidado.
Además, cuestionó que una diputada y un amigo del presidente hayan estado en el comité editorial, lo que, en criterio de Navas, podría ser corrupción.
Los diputados hicieron hincapié en que Federico Cruz, pese a no ser un funcionario, asumió labores designadas por Chaves y el comité editorial, incluso gestionando contratos y orientanto decisiones sobre fondos públicos.
Por eso, la recomendación de la Comisión sobre el Sinart es que el Ministerio Público investigue la injerencia y participación del publicista Federico Cruz. La misma petición le hicieron a la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), además de solicitarle evaluar si hay méritos para denunciar un presunto delito de tráfico de influencias en las contrataciones analizadas por el foro investigador.
Entre los funcionarios que la comisión investigadora pide a la Fiscalía investigar están el presidente ejecutivo del Sinart, Fernando Sandí; el director general, Federico Amador; el exencargado de los planes de medios, David Tencio, y el expresidente ejecutivo, Allan Trigueros.
En sus comentarios en el plenario sobre el informe de la investigación, la liberacionista Andrea Álvarez puntualizó que gobernar es un tema de adultos y que el presidente Chaves no ha tenido la altura para hacerlo.
La oficialista Paola Nájera cuestionó que haya habido premura para dictaminar y debatir el informe sobre la pauta del Sinart, pero no de otras investigaciones, como las del Caso Diamante o el uso de recursos de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).
La también oficialista Ada Acuña cuestionó el informe de mayoría, pues alegó que no existen pruebas de ninguna de las conclusiones presentadas por los liberacionistas, y adujo que Vanessa Castro, la presidenta del foro investigador; la liberal Johana Obando y el liberacionista Danny Vargas tenían conflictos de intereses al participar de la investigación.