El robo de combustible causó ¢1.152 millones de pérdidas al Estado en el 2019. Es una suma modesta si se le compara con el potencial trágico de la sustracción, traslado, distribución o importación ilegal de combustibles. Por eso, el proyecto dictaminado por la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, con penas de hasta 15 años de cárcel para los infractores, más que proteger los intereses económicos de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y otras empresas del sector, vela por la vida y la integridad del ambiente.
Las severas sanciones no castigan el robo tanto como el mal manejo del combustible y los riesgos para la sociedad, incluido el peligro de incendio o explosión, y el de contaminación de las fuentes de agua potable. Un camión cargado de gasolina sin las condiciones apropiadas es una bomba rodante, y las casas o bodegas utilizadas para la distribución clandestina ponen en riesgo a toda la comunidad circundante.
La comisión votó el miércoles 5 de febrero para recomendar, por unanimidad, la aprobación de la iniciativa. El martes, un derrame de hidrocarburos en el río Barranca dejó sin agua a 60.000 personas y a varias instituciones vitales, como el hospital Monseñor Sanabria, clínicas y hogares de ancianos. Las autoridades investigan la posibilidad de un delito, pero los informes iniciales apuntan a un accidente causado por la manguera de un camión utilizado para extraer materiales río arriba de la toma del acueducto.
El incidente ilustra los riesgos relacionados con el manejo de combustibles, aunque a la postre no resulte delictivo. Si la manguera de un camión puede interrumpir el suministro de agua a decenas de miles de personas, no es difícil comprender el peligro derivado del “ordeño” de oleoductos y otras actividades.
Pero el riesgo más evidente es el de explosión o incendio. México es una vitrina de las tragedias posibles. El problema, tan grave y persistente en ese país, ya tiene nombre propio: huachicol. Los huachicoleros son causa de grandes tragedias, entre las cuales destaca la explosión en Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, donde 93 personas perdieron la vida y hubo unos 45 heridos.
Las válvulas clandestinas instaladas en el oleoducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) para robar combustible fallaron y un río de líquido inflamable se esparció por el área, atrayendo, a la vez, a un par de centenares de personas equipadas con todo tipo de recipientes. Solo faltaba una chispa para causar la explosión más letal de la historia del huachicolismo. El mismo día explotó, por idénticas razones, el poliducto de San Juan del Río, en el estado de Querétaro.
La necesidad de transportar y almacenar el combustible robado proyecta el peligro mucho más allá de la zona de “ordeño”. Hace un año, la policía capturó a una banda dedicada a sustraer combustible de dos tomas ilegales en una calle paralela a la ruta 27 (San José-Caldera), en los kilómetros 37 y 40. La banda comercializaba el combustible en una gasolinera propiedad de su líder. Los delincuentes utilizaban camionetas y cisternas para transportar el producto hasta una finca en Atenas, donde lo almacenaban antes de trasladarlo a un predio en San Francisco de Heredia y de ahí a la gasolinera. Cada fase de la operación implicaba riesgos para las poblaciones vecinas.
El caso ilustra la urgencia de una ley como la dictaminada por la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa. Lo mismo puede decirse del espectro de la tragedia de Tlahuelilpan y otras sucedidas en México, donde el gobierno federal dedica cuantiosos recursos a una campaña contra el ilícito. El Congreso debe actuar antes de que lamentemos una tragedia.
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