EscucharLa Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), subsidiaria del Instituto Costarricense de Electricidad, suple energía eléctrica a una gran cantidad de abonados (557.488 según un conteo reciente) de la Gran Área Metropolitana. Desde hace cuatro años, la empresa enfrenta problemas financieros que la han obligado a recurrir a su casa matriz para hacer frente al pago de obligaciones y, posiblemente, la historia no haya terminado, porque entre el 2019 y el 2023 deberá cancelar otros ¢87.588 millones adeudados.
Por tratarse de una empresa de capital público, que ofrece servicios regulados, y también por la influencia del precio de la energía eléctrica sobre el costo de vida de los consumidores, los problemas financieros de la CNFL son de interés nacional. Los son, además, por la significativa facturación de la empresa, que en el 2017 superó los ¢317.000 millones.
Técnicamente, la CNFL no está muy endeudada. La deuda representa aproximadamente la mitad de sus activos. Su utilidad bruta (diferencia entre los ingresos y los costos de lo vendido) tampoco es baja, pues supera el 20 %. Eso debería servir para atender los gastos de operación, los intereses y las pérdidas por exposición al riesgo del tipo de cambio. Pero ese no ha sido el caso en el pasado reciente. En consecuencia, es necesario identificar las causas de los problemas, que podrían ser de naturaleza gerencial.
Un primer problema observado en los estados financieros de la CNFL es que los gastos de operación son más altos que la utilidad bruta de la empresa. Si a esa diferencia se agregan los intereses sobre las deudas y las pérdidas cambiarias debidas a la existencia de muchos más pasivos que activos denominados en dólares, la pérdida aumenta.
Como informamos el 6 de marzo, la CNFL también ha sufrido problemas de planeamiento, como ocurrió con la construcción de la planta Balsa Inferior, cuyo costo pasó de $94 millones estimados en el año 2008, a $361 millones en el momento de su conclusión, lo cual se explica por errores de diseño o presupuestos, más que por la inflación del período. Esta sensible desviación del costo es motivo de gran preocupación.
El ICE se vio obligado a prestar a su subsidiaria la importante suma de ¢15.000 millones para pagar a quienes invirtieron en el proyecto. Los bonos fueron emitidos en el 2010 y una parte de ellos venció en setiembre del 2017. La planta, construida en Los Ángeles de San Ramón de Alajuela, tiene una capacidad de generación instalada de 37,5 megavatios. Su accidentado desarrollo ha sido motivo de fuertes críticas a la CNFL.
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Otro tema que tener presente es el posible divorcio entre la vida útil de una planta hidroeléctrica, que puede sobrepasar los 40 años, y el compromiso de deuda bonificada asumido para su financiamiento, que podrían rondar los 20 años. Eso genera problemas temporales de liquidez, los cuales se reflejan en el flujo de caja, si las tarifas tuvieran como horizonte la vida total del activo. Según Óscar Hernández, director de Administración y Finanzas de la CNFL, “las complicaciones financieras de la empresa se fundamentan en rezagos tarifarios que no le permiten enfrentar sus egresos”.
Sin pretender ser exhaustivos en el análisis, porque eso requiere más información que la disponible, todo indica que el manejo administrativo y financiero-contable de la CNFL debe ser analizado con gran detenimiento para descartar ineficiencias que, posteriormente, se trasladen a las facturas de energía eléctrica de los 557.488 abonados, pues los efectos son severos para las economías familiares y para la productividad del país.
