Once diputados corrieron a cancelar sus deudas con el Ministerio de Hacienda cuando dos periodistas de La Nación les consultaron sobre el motivo del atraso y la razón por la cual no habían pagado. Si se apresuraron, es porque infirieron que existe una diferencia entre el ciudadano común y quien ejerce un cargo de representación popular, porque comprenden que un legislador no puede exigir el cumplimiento de la ley mientras aparece incumpliendo obligaciones frente al propio Estado.
Por eso resulta chocante la afirmación del abogado y diputado del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), José Miguel Villalobos, quien dice que sus deudas con el Estado “son materia privada”. Es cierto que la mayoría de las deudas pertenecen al ámbito estrictamente personal y allí deben permanecer.
Sin embargo, hay deudas que inevitablemente trascienden esa esfera, como las de un diputado. Trascienden porque los congresistas legislan sobre impuestos y porque ejercen control político sobre la Presidencia de la República, ministros y demás jerarcas, para lograr una buena administración de los recursos públicos y el cobro de tributos.
El Manual sobre Integridad Pública, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo explica en una frase: “Los cargos de mayores responsabilidades y más políticamente expuestos conllevan un mayor escrutinio y rendición de cuentas”.
Así lo comprendieron los 11 legisladores que se apresuraron a cancelar sus obligaciones. Aunque reaccionaron al enterarse de que había un reportaje en proceso –publicado el 24 de junio–, saben que una deuda con el Estado está vinculada a la autoridad moral necesaria para ocupar una curul, interpretaron que los ciudadanos esperan coherencia entre discurso y conducta, y dedujeron que quien exige cumplimiento de la ley debe comenzar por dar el ejemplo.
Entre los 11 legisladores, pagaron ¢15,2 millones por deudas a título personal y también de sociedades en las que figuraban como miembros de las juntas directivas. Del total, el 79% (¢12 millones) lo adeudaban dos diputados oficialistas.
En nota aparte, informamos de los casos de Villalobos y Cindy Blanco González, también del PPSO. Ella adeuda ¢20,4 millones a título personal, correspondiente al tributo sobre las utilidades y al impuesto sobre el valor agregado (IVA) y ¢125,3 millones por una sociedad en la que aparece como secretaria. Todo suma ¢145,7 millones.
Sin embargo, Blanco sí explicó al país, a través de la publicación, el estado de su situación. De su deuda personal, respondió que “se están haciendo abonos periódicamente”, aunque no proporcionó un documento para probarlo, pese a que se le solicitó. Sobre la sociedad, alegó que “se encuentra al día en el pago de impuesto de la renta y, con respecto al IVA, se ha estado regularizando el tema de pagos atrasados, realizando abonos periódicamente (sic)”.
Pero Villalobos, quien aparece como gerente de tres sociedades de responsabilidad limitada, rehusó esclarecer qué pasa con los ¢20,3 millones que, de acuerdo con Hacienda, adeudan en impuestos correspondientes a periodos comprendidos entre 2020 y 2026. “No voy a decir si son o no son (mías)”, sostuvo. Y luego agregó que las deudas “son materia privada (...). Viniendo (las consultas) de ese medio (La Nación), tengo claras sus intenciones, no voy a contestar".
La alusión a las supuestas “intenciones” de La Nación solo desvía el foco de la discusión. No es La Nación la que reclama explicaciones. Es el periodismo, al ejercer una de sus funciones esenciales: la de hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a conocer información de interés público sobre quienes los representan. Y más aún cuando Hacienda prevé una severa contracción en la recaudación tributaria, con una baja de ¢228.000 millones este año, lo cual atribuye, entre otros motivos, a evasión fiscal.
Según el ministro Rodrigo Chaves, por eso está obligado a recortar presupuestos de poderes e instituciones. Es más, la presidenta de la República, Laura Fernández, dijo ese mismo día que todos los poderes del Estado deben “zocarse la faja” porque “la plata del pueblo de Costa Rica es sagrada”.
Ante medidas tan extremas y palabras tan vehementes de la mandataria y el ministro, lo menos que podría esperarse de un diputado oficialista es congruencia y transparencia. Lo que adeuda sí es un asunto público, máxime porque también arrastra una morosidad de ¢312 millones con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), como se informó en diciembre. Igualmente, de Fernández y de Chaves, el país esperaría que insten a sus amigos y a sus copartidarios a cumplir la ley. Sobre todo, si hay crisis fiscal.
Porque si todo ciudadano está obligado a responder por sus obligaciones con el Estado, con mayor razón deben hacerlo las personas que recibieron el mandato de representar a los costarricenses. Quienes hacen las leyes deben ser los primeros en demostrar con acciones que nadie está por encima de ellas.