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El Ministerio de Hacienda registra que dos diputados y cuatro sociedades vinculadas a ellos le adeudan, en conjunto, ¢166 millones por impuestos no pagados, principalmente por periodos correspondientes a los últimos cinco años.
Se trata de Cindy Blanco González y José Miguel Villalobos Umaña, ambos del gobernante Partido Pueblo Soberano (PPSO). La primera registra deudas por ¢145,7 millones y el segundo, por ¢20,3 millones.
Cindy Blanco: ‘Se están haciendo abonos’
Cindy Blanco, quien llegó a la Asamblea Legislativa liderando la papeleta del PPSO en Cartago, aparece en Hacienda con una deuda, a título personal, por ¢20,4 millones correspondiente al tributo sobre las utilidades y al impuesto sobre el valor agregado (IVA).
A su vez, una sociedad vinculada a ella adeuda ¢125,3 millones al Ministerio.
La legisladora figura como secretaria de JB Contratistas S. A., firma que, según Hacienda, le debe al fisco recursos del IVA de enero del 2021 a mayo del 2026.
Esa compañía se dedica a la terminación y acabados de edificios. Como representantes de la sociedad ante Hacienda, aparecen el papá y el hermano de la diputada.
A título personal, la diputada Blanco aparece inscrita ante Hacienda desde el 2018 e indicó que realizaba “actividades jurídicas”.
La deuda personal empezó en diciembre del 2019 y se ha ido incrementando, de manera constante, hasta llegar a los ¢20,4 millones en mayo de este año.
Sobre este monto, la legisladora dijo que corresponde al IVA y que “se están haciendo abonos periódicamente”. No proporcionó documento de prueba, pese a que se le solicitó.
En cuanto al registro a nombre de JB Contratistas, la diputada afirmó, a través del encargado de prensa del PPSO, que la sociedad “se encuentra al día de hoy en el pago de impuesto de renta y, con respecto al IVA, se ha estado regularizando el tema de pagos atrasados realizando abonos periódicamente”.
José Miguel Villalobos: ‘Es materia privada, no voy a contestar’
Por su parte, José Miguel Villalobos aparece como gerente de tres sociedades de responsabilidad limitada que, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, adeudan ¢20,3 millones en impuestos correspondientes a periodos comprendidos entre el 2020 y el 2026.
En los tres casos, Villalobos aparece como el representante legal ante Hacienda. Se trata de las siguientes sociedades:
—Desarrollos Villacasti SRL: debe ¢17,6 millones por impuesto a las personas jurídicas, IVA, impuesto sobre las utilidades y timbres
—3-102-866227 SRL: debe ¢2,1 millones por impuesto a las personas jurídicas y timbres
—Inversiones Mapideca SRL: debe ¢654.723 por impuesto a las personas jurídicas, IVA y timbres
Este diario consultó a Villalobos su relación con esas sociedades y el motivo de las deudas, pero se negó a emitir declaraciones.
“No voy a decir si son o no son (mías). Yo cumplo con mi declaración ante la Contraloría General de la República y únicamente la Contraloría puede acceder a esa información; ya frenamos el proyecto de ley que pretendía hacer públicas esas declaraciones.
”(Las deudas) son materia privada (...). Viniendo (las consultas) de ese medio (La Nación), tengo claras sus intenciones, no voy a contestar", adujo el pasado miércoles 17 de junio a su salida de una comisión en el Congreso.
Otros cinco congresistas
Otros cinco legisladores de Pueblo Soberano y sociedades vinculadas también aparecen en mora ante Hacienda, pero con montos mucho menores que no superan los ¢530.000.
Se trata de:
- Kristel Lizeth Ward Hudson: ¢345.000
- Fernando Obaldía Álvarez: ¢187.551
- Kattia Mora Montoya: ¢171.730
- Kathia Calvo Cruz: ¢151.285
- Royner Mora Ruiz: ¢76.612
Kristel Lizeth Ward Hudson registra una deuda de ¢345.000 por sanciones.
“Actualmente, me encuentro realizando el trámite correspondiente para su cancelación. Al haber completado mi desinscripción formal en el año 2020, se trata de un asunto administrativo remanente que ya está siendo subsanado", alegó por escrito ante una consulta de este periódico.
El oficialista Fernando Obaldía Álvarez aparece como fiscal en la sociedad anónima Brenes y Chavarría, que debe ¢187.551 por impuesto a las personas jurídicas y timbres.
Obaldía dijo que no la han notificado al respecto y que está haciendo las averiguaciones del caso.
Kattia Mora Montoya aparece como fiscal en Quirostanaka Enterprises S. A., que adeuda ¢171.730 por impuesto a las personas jurídicas y timbres.
Mientras, su compañera de bancada Kathia Calvo Cruz, registra una deuda, a título personal, de ¢151.285. Consultada por este diario argumentó que “no la han notificado y está haciendo las averiguaciones del caso”.
Por su parte, el exministro de Deportes, Royner Mora Ruiz, también de Pueblo Soberano, adeudaba ¢6,2 millones pero ya redujo considerablemente el monto.
Pagó ¢6,1 millones que debía a título personal por IVA y por dos empresas donde figuraba como gerente y representante legal ante Hacienda. Entonces, lo adeudado quedó en ¢71.612 de la sociedad anónima BIT Marketing, donde figura como tesorero.
Ante consulta de este diario, Mora adujo: “Me indican que seguramente no se han visto los pagos reflejados. Se encuentra al día. Adjuntamos comprobante”.
Envió un comprobante de que no tiene deudas a título personal, pero no de las estas tres sociedades, de las cuales no explicó su relación ni el motivo de la deuda.
Posteriormente, informó de que las deudas de esas empresas ya estaban canceladas; no obstante, en el sistema de consulta pública de Hacienda, al cierre de esta edición, seguía existiendo la deuda de BIT Marketing. Ante ello, Mora insistió: “Estoy seguro que ya se canceló“.
Otros 11 congresistas que también aparecían como morosos, el pasado 15 de junio, pagaron sus deudas en los últimos siete días, luego de que este diario les preguntara sobre el motivo de la deuda.
Otros cinco aparecen en directivas de sociedades morosas, pero sin participación
Otros cinco diputados aparecen como fiscales, tesoreros o secretarios de sociedades a las que Hacienda cobra impuestos morosos, pero ellos aseguraron a este periódico que no tienen ninguna participación accionaria o de representación legal.
Ese es el caso de Abril Gordienko López, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien aparece como fiscal de la sociedad anónima Condominio Hacienda El Gregal lote sesenta y ocho HPY, que le adeuda ¢5.349.662 a Hacienda por impuesto solidario, timbres e impuesto a las personas jurídicas.
Su encargada de prensa indicó: “La diputada figura como fiscal dentro de una sociedad anónima, un rol que no implica representación legal ni gestión operativa, administrativa o financiera de la empresa. En ese sentido, la diputada no participa en la administración ni en la toma de decisiones relacionadas con obligaciones tributarias de dicha sociedad”.
Lo mismo alegó Gonzalo Ramírez, del PPSO. Si bien él salió a pagar la deuda de dos sociedades anónimas, una tercera donde es fiscal está morosa (Sociedad Universal de Contabilidades Especiales S. A.) con ¢294.770.
“Soy fiscal, no el representante legal de la sociedad ni accionista. La representación le corresponde al presidente de la junta directiva. Ser fiscal de una sociedad anónima no significa ser dueño, administrador ni representante legal. En Costa Rica, el fiscal cumple una función de vigilancia interna”, explicó Ramírez.
Por su parte, Marco Francisco Badilla Chavarría, del PLN, afirmó no tener ningún vínculo actual con las empresas Human Excellence S. A. y Smart Happy Food Costa Rica S. A. que, en conjunto, deben ¢212.207 en tributos. Él aparece como tesorero de ambas en el Registro Nacional.
“En el pasado fui accionista de Human Excellence, actualmente no lo soy. De la otra sociedad habría estado como directivo en la Sociedad. Actualmente no tengo vínculo alguno”, afirmó.
El cuarto es Osvaldo Artavia Carballo, del PPSO, que aparece como directivo de Coatzacoalcos S. A., la cual debe ¢86.191. Al respecto, adujo: “Mi nombre figura como fiscal por un requisito formal al momento de constituir la sociedad hace más de 20 años. No soy socio, no tengo acciones, no participo en su administración y no recibo ningún beneficio económico”.
Por último, la también soberanista Cindy Murillo Artavia figura como secretaria en la sociedad anónima Verreaux, que debe ¢71.499 en impuesto a las personas jurídicas.
Ella alegó que su “participación (en esa sociedad) fue un requisito formal para constitución. No tengo participación accionaria, no formo parte de la gestión de la sociedad y no recibo ganancias ni beneficios derivados de esta. Sobre la consulta del monto voy hacer las averiguaciones del caso”.
