Como abogado, escudero, generador de argumentos, declarado amigo, activo aliado y ocasional operador político del presidente Rodrigo Chaves, José Miguel Villalobos ha seguido –y también generado— muchas de sus líneas de ataque contra el Poder Judicial y la administración de justicia en el país.
Entre esas arremetidas están los deliberados intentos del mandatario por erosionar la credibilidad de los magistrados y, sobre todo, del fiscal general, contra quien despliega una andanada de insultos cada vez más ordinarios y hasta soeces.
Además, Villalobos lo ha acuerpado, al igual que a algunos de sus ministros, cuando denuncian, como excusa para justificar la alarmante inseguridad del país, que la justicia es lenta, que los jueces tratan a los delincuentes con excesiva condescendencia y que “los sueltan” sin justificación alguna. De este modo, falsean la real naturaleza de leyes e instrumentos diseñados para cumplir con el debido proceso, frenar arbitrariedades e impedir que se violen garantías fundamentales de las personas, sean imputadas o afectadas.
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Entre esas leyes e instrumentos están el derecho a la defensa –que incluye contar con representación profesional ante los tribunales– y el principio de inocencia: nadie puede considerarse culpable de un delito hasta que se demuestre su responsabilidad. Este principio, por cierto, ha sido violentado públicamente por Chaves cuando, desde el podio presidencial, ha presentado ante el público, como virtuales delincuentes, a personas ni siquiera juzgadas, pero que gozan de su animadversión.
Villalobos, en el ejercicio liberal de su profesión, no solo tiene a Chaves como cliente. También ha asumido otros asuntos. En la actualidad, dos resultan particularmente impactantes. Uno es la defensa de siete de los 25 acusados en el célebre Caso Fénix, a quienes se les sigue juicio en el Tribunal Especializado en Delincuencia Organizada por supuestamente integrar una banda dedicada al narcotráfico y lavado de dinero. El otro es la causa abierta contra 13 personas por diversos cargos de corrupción, la mayoría contra el erario público, durante la construcción de una vía rústica a lo largo de la frontera norte conocida como la Trocha. Villalobos defiende a siete, incluido el presunto cabecilla.
En ambos casos, pero sobre todo en este último, se ha valido de todos los recursos procesales posibles a su disposición –o a la de cualquier otro abogado– para defender a sus clientes, al extremo de pretender que se postergue nuevamente el juicio por la Trocha, una causa abierta en el 2012, cuyo juicio ha sido reiteradamente postergado por diferentes razones.
La solicitud en este sentido la planteó semanas antes de la fecha prevista para la apertura del debate. Adujo un choque con el que debe atender en el caso Fénix, que comenzó el 24 de febrero y se extenderá por varios meses. Si se aceptara su pedido, el juicio por la Trocha podría retrasarse por dos años más, según estimaciones de Patricia Solano, magistrada de la Sala Tercera, dada la complejidad de calzar las agendas de todos los defensores.
Por tal razón, el Tribunal Penal declinó la solicitud. En su lugar, habilitó un horario extraordinario, entre 4 p. m. y 8 p. m., de lunes a viernes, con lo cual ya no chocaría con el juicio por el caso Fénix, que concluye cada día a las 3 p. m. Esta medida fue aceptada por los otros defensores, la Fiscalía y la Procuraduría, que actúa como representante del Estado.
Villalobos, sin embargo, la rechazó en todos sus extremos, no se presentó en la fecha inicialmente fijada para comenzar debate (31 de marzo), ni justificó su ausencia en el plazo que se le había concedido. Por esto, fue separado del caso y a los imputados se les concedió un plazo de cinco días hábiles para nombrar nuevo defensor; de lo contrario, su representación la asumirá la defensa pública. El proceso se reiniciará el 24 de este mes.
El principal punto aducido por Villalobos es que resulta imposible, desde un punto de vista físico y mental, representar “a siete clientes en un proceso de delincuencia organizada durante siete horas (caso Fénix), para trasladarse a otro, en un circuito diferente, media hora después y durante cuatro horas más (la Trocha)”. Según su criterio, esto vulneraría el derecho a la defensa de sus clientes, por lo que anunció que acudirá a la Sala Constitucional para hacerlo prevalecer.
Sus argumentos no pueden desdeñarse ad portas y merecen consideración, por la importancia capital del derecho a la defensa. Sin embargo, deben ponderarse en relación con los de otros acusados y el objetivo de una justicia pronta y cumplida. Es lo que ha hecho el Tribunal.
Villalobos tiene pleno derecho a utilizar todos los recursos posibles, en el marco de la ley, para defender a sus representados. Sin embargo, su actuación contradice frontalmente la posición pública asumida como aliado del presidente en sus ataques al Poder Judicial, los jueces, la Fiscalía y las garantías del debido proceso que ahora trata de maximizar a su favor. Como defensor, se apega a las garantías de los procesos penales, que solo pueden materializarse en el marco de un Estado de derecho que, entre otras cosas, garantiza la independencia judicial. Como operador político, en cambio, se suma a quienes los denigran sin fundamento, comenzando por el presidente, su cliente estrella.
Se trata de una contradicción evidente, que se agudizará ahora, cuando Chaves enfrenta una acusación de la Fiscalía General, a la que probablemente seguirán otras, y necesita poner en acción todos los recursos procesales que antes ha criticado. Mantengámonos atentos.
