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La Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) criticó lo que considera una injerencia indebida del presidente de la República, Rodrigo Chaves, y del ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, quienes lanzaron “comentarios descalificatorios” respecto de la actuación de un juez de Ejecución de la Pena en Costa Rica.
A través de un comunicado emitido desde Buenos Aires, Argentina, firmado por el presidente de la FLAM, Marcelo Gallo, la entidad que representa a jueces y juezas de 18 países enfatizó que el juez actuó en cumplimiento de las funciones que son propias de su competencia.
“Las declaraciones efectuadas por el presidente Rodrigo Chaves desconocen los ámbitos de actuación de cada poder del Estado y agravian a la judicatura al afirmar infundadamente ‘que los jueces de Ejecución de la Pena hacen lo que les da la bendita voluntad’; al igual que las afirmaciones del señor ministro de Justicia, quien expresó que ‘un juez de busca favorecer a los privados de libertad y obliga al Ministerio de Justicia a darle más beneficios’”, citó Gallo en el comunicado emitido el 3 de diciembre.
La FLAM se presenta como una organización que busca defender la independencia permanente, real y efectiva del Poder Judicial, en todos sus aspectos, como condición esencial de la función jurisdiccional, así como tutelar y defender la dignidad y el prestigio de la función jurisdiccional.
Para Marcelo Gallo, las manifestaciones de Chaves y su ministro desinforman a la población y a la opinión pública, nacional e internacional, y conllevan una afrenta a todos los ciudadanos costarricenses, con una intencionalidad política, lo que significa una injerencia indebida respecto del funcionamiento de los otros poderes del Estado.
“Constituye un avasallamiento al funcionamiento de las instituciones republicanas y democráticas”, manifestó el presidente de la FLAM, quien añadió que los fallos judiciales, como cualquier acto del gobierno, pueden ser objeto de crítica favorable o disenso, pero eso no autoriza que se agravie o desacredite de forma personal a los magistrados que tomen decisiones sobre cuestiones sometidas a su consideración.
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La Federación Latinoamericana de Magistrados señaló que la discrepancia entre los poderes y sus jerarcas puede darse en lo político, lo social y lo jurídico, pero no en la aceptación del valor que la Constitución Política les otorga a las sentencias de los jueces, que deben ser respetadas y cumplidas, especialmente por parte de los funcionarios de los otros poderes.
“Las discrepancias deben ser encausadas a través de los procedimientos previstos por la norma constitucional”, advirtió Gallo.
Rodrigo Chaves y su ministro cuestionaron una sentencia que mantuvo, en la cárcel de Limón, la posibilidad de que la pulpería interna venga productos de aseo personal, de higiene, medicamentos de venta libre y hielo.
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Chaves enfocó sus críticas en el juez Wílber Felipe Granados Monge, del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica (Limón), al tiempo que anunció una denuncia penal y una denuncia ante la Inspección Judicial en contra del funcionario.
La resolución del juez se dio a raíz de una queja hecha por privados de libertad contra una circular del Ministerio de Justicia, que prohibió la comercialización de varios productos, pero no el uso ni la tenencia de esos productos dentro del centro penitenciario.
En criterio de la FLAM, las declaraciones de la autoridad máxima del Poder Ejecutivo no hacen más que afectar, por su peso, la institucionalidad costarricense, al emitir opiniones “sobre cuestiones que no le son propias, resultando una injerencia indebida, sea del sector que fuere, en procura de obtener una determinada resolución judicial”.
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“Ello implica una intromisión inaceptable en trámites de exclusiva función jurisdiccional. No resulta admisible el ataque al Poder Judicial por el contenido de sus decisiones”, aseguró Marcelo Gallo.
La Federación de Magistrados enumeró normas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de las que se desprenden los deberes de los Estados para garantizar para las personas juzgadoras estar libres de injerencias, intimidaciones, obstáculos y hostigamiento.
“Un principio fundamental de la independencia judicial es que los jueces no deben ser objeto de amenazas ni correr el riesgo de sufrir daños debido a su trabajo o al contenido de sus decisiones y sentencias independientes”, recordó Gallo.
La FLAM exhortó a Chaves y a Campos a cumplir con los principios de la independencia judicial y evitar la intención de avasallar ese principio con actos de gobierno que impliquen el amedrentamiento o la vulneración de esos principios.
