A finales de noviembre de 2022, luego de una reunión con sus pares de la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, el presidente Rodrigo Chaves dio una declaración a la altura de su cargo. “La democracia crece y se sostiene sobre los hombros de la legitimidad del Estado”, afirmó, para añadir casi de inmediato: “Es verdaderamente de celebrar y un motivo de orgullo para mí, y creo que para todos los costarricenses, que estas cuatro personas (...) se sienten a conversar sobre temas de interés común”.
Muy pronto se olvidó de esas palabras y, sobre todo, de la importancia de respetar la separación de poderes y a quienes los integran.
Comenzó con sus repartos de culpa, todos con bases falsas, contra diputados y jueces, por la espiral de inseguridad que el gobierno ha sido incapaz de frenar. A los primeros los ha culpado por la morosidad en el avance de algunas leyes clave, cuando, en realidad, una gran mayoría se ha aprobado pese al desdén del Ejecutivo. A los jueces les ha achacado alcahuetería con los delincuentes, pese a que sus decisiones han estado apegadas al derecho. Además, ha distorsionado el sentido de la ejecución de la pena, para abonar a la falsa impresión de impunidad que ha tratado de imprimir en la población.
Sin cesar ese tipo de ataques, pronto añadió, en paralelo, embates de mayor amplitud, destinados a desprestigiar y erosionar la legitimidad del Poder Judicial en su conjunto.
Su táctica, que también utiliza con el Legislativo y la Contraloría General de la República, ha consistido en lanzar críticas y difundir falsedades o exageraciones a granel, en particular contra la Corte Plena, la Sala Tercera (penal), la Sala Constitucional, la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El 5 de diciembre pasado, luego de uno de sus espectáculos televisivos de los miércoles, por primera vez en nuestra historia el presidente de la Corte Plena, Orlando Aguirre, se vio obligado a exigir públicamente respeto a la independencia judicial y rechazar los intentos por desacreditar su trabajo y amedrentar a jueces, fiscales y defensores públicos.
En un comunicado, recordó, entre otras cosas, que “las decisiones del Poder Judicial no están diseñadas para satisfacer intereses políticos o particulares, sino para garantizar la justicia y proteger los derechos de toda la ciudadanía, incluso cuando estas decisiones no sean del agrado de otros poderes”.
Si grave ha sido la campaña general de descrédito emprendida por Chaves, incompatible con un ejercicio presidencial apegado al Estado de derecho, más todavía lo es el nuevo cariz de su ofensiva. Se trata de los intentos por incidir en procesos judiciales en que están directamente vinculados con él miembros de su gabinete y otros allegados políticos. Sus actuaciones y declaraciones más recientes cada vez se acercan más a una posible obstrucción de la justicia.
Por ejemplo, en declaraciones emitidas en octubre sobre el caso Barrenador, que involucra a la expresidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social, Marta Esquivel, Chaves reveló el nombre del juez a cargo de las audiencias sobre medidas cautelares para los imputados. Además, acusó al fiscal general, Carlo Díaz, de “autoritarismo” y “matonería”, y pidió a los ciudadanos estar listos, “porque, Dios no lo quiera, puede llegar el momento de actuar como sociedad”.
Pero hay más. Según datos del Ministerio Público, existen alrededor de 50 expedientes de investigaciones que involucran a Chaves, e incluyen, entre otras, denuncias sobre abuso de autoridad, prevaricato y desobediencia. Pero la más consecuente se relaciona con dos presuntas estructuras paralelas que habrían financiado, al margen de la ley, gastos de su campaña electoral. Como parte de las pesquisas, el 17 de enero el fiscal general, con autorización de la Sala Tercera, secuestró los expedientes del caso en el TSE.
Es en este contexto que han arreciado sus ataques y los de la legisladora Pilar Cisneros, contra Carlo Díaz; que partidarios (u operadores) suyos han financiado vallas pidiendo su renuncia, y que el jefe de la Unidad de Cibercrimen de la Fiscalía, Esteban Aguilar, hermano de un asesor de Chaves, hizo una denuncia pública en su contra, con mínimo sustento, por presunto “acoso laboral”, también magnificada por la diputada Cisneros.
Nada de lo anterior implica una defensa oficiosa del fiscal Díaz, a quien la Inspección Judicial investigará, a partir de rigurosos protocolos, por ese presunto acoso, y ya lo hace en relación con un viaje a Grecia junto a su compañera sentimental.
Pero, precisamente porque existen mecanismos disciplinarios institucionales, convertir las denuncias en móviles de ataque por parte de quien, como Chaves, es investigado por la Fiscalía, califica como un intento de interferencia en la justicia. Nadie debe acudir a tales expedientes, pero menos el presidente de la República, con un poder de amedrentamiento magnificado por su cargo, y con el deber supremo de respetar la legalidad.
