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Las estadísticas nacionales son instrumentos destinados a captar aquellos “signos vitales” de un país que pueden ser cuantificados. Bien realizadas y comunicadas, permiten que nos conozcamos mejor como sociedad, que detectemos fortalezas y debilidades, y que podamos medir, en series temporales, avances y retrocesos en ámbitos múltiples. Entre ellos están empleos, ingresos, comercio, viviendas, estructura familiar, rasgos territoriales, disponibilidad de servicios y salud.
Tal información es esencial para alimentar políticas públicas de calidad. De ahí la importancia de que las estadísticas se basen en métodos y procesos rigurosos, transparentes, independientes y supervisados. De lo contrario, en lugar de iluminar, enturbian.
Muchas instancias generan tal tipo de información en Costa Rica, pero la más importante y emblemática es el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), que también se desempeña como ente rector del Sistema de Estadística Nacional (SEN). Durante años, ha gozado de justificado prestigio y credibilidad. Sin embargo, la calidad de sus aportes se ha visto afectada en años recientes. Es algo grave que merece ser corregido. Sus autoridades afirman que ya están trabajando en ese sentido. Confiamos en que la tarea se realice con diligencia.
El problema más grave se puso de manifiesto con motivo del Censo Nacional de 2022. Para ser plenamente confiables, estos ejercicios requieren una cobertura de, al menos, el 90% de las viviendas de un país. En este caso, apenas fueron censadas el 58,5% de ellas: 1.074.258 de las 1.769.08 con que contaba entonces el país. Las razones fueron múltiples, y algunas justificadas, pero el resultado perdió solidez, al tener que acudirse a proyecciones y estimaciones.
La Contraloría General de la República (CGR) ha ido más allá de este hecho puntual. El martes dio a conocer un detallado informe de auditoría que detectó múltiples debilidades y anomalías en los controles internos para garantizar la calidad en la obtención y supervisión de los datos estadísticos recolectados. Además del Censo, revisó encuestas de hogares y empleo en un lapso que va de 2021 a 2025.
Una frase de sus conclusiones resume la naturaleza general del problema detectado: “La gestión de la calidad en la producción y divulgación de las operaciones estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) presenta un incumplimiento generalizado en aspectos significativos del marco normativo y técnico aplicable”. Esas falencias están asociadas a modalidades insuficientes de control en la planificación, implementación y evaluación de los procesos.
Entre otras cosas, la CGR advierte de que el 98% de los documentos asociados a las operaciones estadísticas no tienen firma, que el 28% de las consultas realizadas durante el censo por los equipos de encuestadores no fueron atendidas y que 20 de 24 riesgos “no aceptables” no disponían de un plan remedial en 2024.
La urgencia de atender estos y otros hallazgos de la auditoría y activar mecanismos de corrección eficaces es evidente. El INEC los calificó como “una oportunidad para continuar robusteciendo sus mecanismos de aseguramiento de la calidad” y reiteró su “compromiso permanente con la mejora continua, la transparencia y la rendición de cuentas”.
Aseguró que ya inició las acciones correctivas necesarias ante los señalamientos, que han estado precedidas por otras medidas previas al informe de auditoría.
Destacamos que, en lugar de evadir las debilidades apuntadas o –peor aún–, responder a la defensiva, la institución haya puesto de manifiesto una actitud receptiva y responsable. Ahora debe materializarse.
El país no puede correr el riesgo de que las fallas sigan produciéndose, y que erosionen la solidez y confiabilidad de las estadísticas nacionales, variable esencial, aunque poco tangible, de las buenas decisiones públicas y privadas. Es necesario que pronto se vean los resultados de la mejora.
