Costa Rica recibió la semana pasada el tercer aviso en menos de dos años por parte de la relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados. Margaret Satterthwaite advirtió nuevamente sobre las presiones políticas contra funcionarios judiciales, las amenazas contra jueces, el estancamiento en los nombramientos de magistrados suplentes en la Sala Constitucional y las restricciones presupuestarias al Poder Judicial.
Sus advertencias previas al Estado habían llegado en diciembre de 2024 y mayo de 2025. Cada nota ha sido más específica que la anterior, mientras que la respuesta pública del oficialismo ha sido descalificar al mensajero, lo que es un mensaje en sí mismo, y los organismos internacionales las leen como tales.
Es importante comenzar por el reconocimiento que la relatora hace del derecho de las autoridades políticas a cuestionar las resoluciones judiciales y a discrepar de ellas. En una democracia, los jueces no están exentos de crítica, y desde este mismo espacio la hemos ejercido cuando ha sido necesario.
Sin embargo, hay una línea que se ha cruzado por el Ejecutivo y que la relatora señala claramente: cuando los señalamientos de los jerarcas se convierten en mecanismos de intimidación o presión indebida. Una cosa es debatir una sentencia con argumentos; otra, dirigir el ataque a quien la emitió, sabiendo que un juez no puede responder desde una tribuna, y que las sentencias se defienden solas.
El caso de la jueza Kattia Carballo ilustra por qué la distinción importa. El 17 de abril fue agredida frente a su vivienda en Heredia. Un vecino, hoy investigado por tentativa de homicidio, amenazas agravadas y lesiones, habría aludido a sus resoluciones mientras la golpeaba. Su defensa sostiene que el hostigamiento se agravó cuando su nombre fue expuesto en conferencias de prensa de Casa Presidencial. El gobierno lo niega y atribuye la agresión a un conflicto vecinal. Corresponde a los tribunales establecer los hechos, pero no se necesita una sentencia para que quien tiene los micrófonos del poder actúe con la prudencia de quien sabe que sus palabras tienen influencia.
En cualquier caso, lo más inquietante no es un episodio concreto, sino el patrón. La independencia judicial no muere de golpe, se desgasta gota a gota, y en nuestro país, el desgaste avanza por tres vías simultáneas.
La primera es la palabra: el descrédito y las burlas constantes hacia jueces y magistrados. La segunda, los nombramientos. La Sala Constitucional está sin suplentes desde diciembre de 2025 y con una serie de asuntos pendientes de resolución por ese motivo. Pero también, con ocasión de las designaciones individuales de magistrados, en donde el oficialismo, a falta de votos para evitar su reelección, ha convertido cada designación en una oportunidad para el ataque personal de los magistrados.
La tercera vía es el dinero. El proyecto de Presupuesto 2027 recorta cerca de ¢10.000 millones al Poder Judicial y deja unos ¢30.000 millones condicionados a requisitos que, según el presidente de la Corte, podrían paralizar servicios a inicios del año próximo.
Hacienda y la comisión legislativa que lo dictaminó el 20 de octubre tienen razón en algo: ningún poder es intocable cuando hay que ajustar el gasto. Pero un recorte que llega en medio de un enfrentamiento con el Ejecutivo agota el beneficio de la duda. La relatora ya advirtió de que reducciones así podrían considerarse una represalia. Que puedan leerse así es, en sí mismo, un daño.
Nada de lo dicho hasta ahora exime al Poder Judicial de rendir cuentas. Sus fallos, su gestión y su gasto deben seguir sometidos al escrutinio público, y las auditorías y los controles presupuestarios son legítimos. Pero el control se ejerce con razones, reglas y motivos claros, no con desgaste institucional. La diferencia entre fiscalizar y asfixiar es que lo primero se puede explicar con razones técnicas, y lo segundo solo en un discurso.
En esta coyuntura, el gobierno tiene dos caminos. Puede seguir tratando cada informe de la relatora como una intromisión y descalificando al mensajero, o puede corregir el rumbo cesando los ataques y desbloqueando el nombramiento de magistrados suplentes. Las relatorías las integran expertos independientes y sus reportes no son sentencias, pero el que no lo sean no les resta autoridad, independientemente de que agraden o no al poder.
Costa Rica ha construido su democracia sobre una premisa sencilla: aquí los poderes se controlan entre sí y nadie, ni siquiera quien gobierna, tiene la última palabra sobre un juez. Esa premisa no se pierde de golpe, pero sí se desgasta.
Los tres reportes de la relatora son un recordatorio de la importancia de conservar jueces que no le teman al poder. Porque un político no demuestra que respeta la separación de poderes cuando un juez falla a su favor, sino cuando le falla en contra.