14 agosto

La segunda vuelta electoral, celebrada el domingo en Guatemala, confirmó lo revelado en la primera: será extremadamente difícil un próximo gobierno propiciador de mejoras sustantivas en las condiciones sociales, económicas e institucionales del país. Al contrario, se vislumbra, en el mejor de los casos, una parálisis; en el peor, graves retrocesos.

Los dos candidatos enfrentados en las urnas fueron Sandra Torres, ex primera dama que dos meses atrás había obtenido el 25,7 % de los votos, y el médico y exdirector de prisiones Alejandro Giammattei, quien aspiró por cuarta vez y apenas logró entonces el 13,92 % de apoyo. A pesar de tan anémico resultado en la primera ronda, su triunfo era esperado, por la gran impopularidad de Torres y porque su ventaja electoral se concentraba en las zonas rurales, donde es mucho más difícil movilizar a los votantes.

En conjunto, revelan el desencanto de los ciudadanos con el sistema político y la falta de legitimidad con el cual el nuevo presidente asumirá su cargo en enero.

Al final, Giammattei obtuvo el 57,95 % de respaldo, contra el 42,05 % de Torres. Pero los datos más reveladores de esta segunda ronda fueron otros; una participación de apenas el 42 % de los electores y un 5,42 % de votos nulos o en blanco. En conjunto, revelan el desencanto de los ciudadanos con el sistema político y la falta de legitimidad con el cual el nuevo presidente asumirá su cargo en enero. A esto se suma una escasa representación legislativa de Vamos, el partido de Giammattei, y que la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de Torres, será la principal fuerza política en el Congreso. Por esto, aunque quisiera, el nuevo mandatario tendrá una muy reducida capacidad para tomar medidas relevantes con miras a mejorar las condiciones de vida de la población e insuflar vigor a la debilitada institucionalidad guatemalteca.

A lo anterior se une algo peor: la falta de compromiso y voluntad del presidente electo para hacer avanzar los muchos y necesarios cambios que necesita el país; entre ellos: mejorar la recaudación fiscal, reducir la pobreza y la exclusión —sobre todo de las poblaciones indígenas—, combatir la impunidad, fortalecer el Estado de derecho, establecer equilibrio adecuado entre los intereses empresariales y comunales, impulsar la educación, desarrollar una política social robusta y eficiente, y propiciar una estrategia económica que amplíe oportunidades y mejore la competencia interna y la competitividad externa del país. Ni su programa de gobierno, ni sus declaraciones antes o después de los comicios, ni muchos de quienes lo rodean, generan esperanzas al respecto. Todo lo contrario.

El presidente triunfante tiene a su alrededor personas que representan, mayoritariamente, un afán de inmovilismo para proteger intereses creados, a pesar de los enormes problemas del país. Las migraciones masivas a Estados Unidos son el reflejo más inmediato y dramático de ellos; muestran cuán profunda es la huella de miseria e inseguridad, y lo mucho que ambas variables se han deteriorado en muy corto tiempo: de octubre del pasado año a la fecha, 250.000 guatemaltecos han sido capturados o rechazados en la frontera entre Estados Unidos y México, más del doble que los 12 meses anteriores, a los que deben sumarse los devueltos por México.

Debe añadirse que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la cual durante la última década generó grandes avances en la administración de justicia, la lucha contra la impunidad y el fortalecimiento del Ministerio Público y los tribunales, dejará de operar a partir del próximo mes. La decisión de no renovar su mandato fue tomada por el actual presidente, Jimmy Morales, pero apoyada tanto por Giammattei como por Torres.

En esas condiciones, y con una oposición fragmentada, élites empresariales inmovilistas, un aparato de seguridad sumido en sus privilegios, un gobierno estadounidense con reducido interés por la democracia y una sociedad civil que, aunque vibrante, cuenta con escasos canales para influir en las decisiones, existen pocos motivos para la esperanza. Si por lo menos el nuevo gobernante y su entorno comprendieran la gravedad de la situación, quizá decidirían tomar algunas acciones de cambio, aunque sea de forma defensiva. Mas esto es, simplemente, una remota hipótesis.