Con 97,80% de las mesas escrutadas, Giammattei, de 63 años, tenía 58,41% de los votos frente a 41,6% de la exprimera dama socialdemócrata Sandra Torres, comunicó el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que calificó los resultados como “irreversibles”.
Previo al anuncio del tribunal electoral, Giammattei se había adjudicado la victoria y prometió que no será un “presidente alejado de la gente”.
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"El objetivo se cumplió. Hoy, de veras con un nudo en la garganta, 12 años después, vengo a decirles (que) (...) va ser un inmenso honor ser el presidente del país", afirmó en un mensaje a periodistas. Giammattei, de 63 años, había intentado alcanzar la presidencia en tres ocasiones anteriores.
El partido de Torres reconoció "el triunfo" de Gimmattei y le auguró "éxitos" y el presidente saliente Jimmy Morales, a quien relevará en enero, lo felicitó y le prometió emprender un proceso de transición "transparente y ordenado".
Médico y afectado desde 40 años por la esclerosis múltiple que lo obliga a andar en muletas, es un ferviente de la mano dura contra la delincuencia y es partidario de reinstaurar la pena de muerte.
En 2010 pasó 10 meses en la cárcel acusado de la ejecución de siete reos en una prisión en 2006, cuando era director del sistema penitenciario, pero quedó en libertad porque no se pudo comprobar su participación en el caso.
Baja participación
Los centros de votación mostraron una escasa asistencia en la jornada calificada como “normal”, por el expresidente costarricense, Luis Guillermo Solís, jefe de la misión de observación de la Organización de Estados Americanos.
Según los datos preliminares del TSE, el abstencionismo podría superar el 55%.
La violencia, la corrupción y la pobreza fueron los ejes de la campaña de ambos candidatos.
La pobreza afecta al 59% de los 17,7 millones de guatemaltecos y la violencia deja unos 4.500 muertos anualmente, siendo los principales factores que motivan la migración.
Ambos políticos evitaron profundizar sobre el acuerdo firmado a fines de julio por el gobierno con Estados Unidos para convertir a Guatemala en "tercer país seguro", lo que implica recibir a migrantes que tenían el objetivo de pedir asilo en el país norteamericano.
Este acuerdo sacudió la recta final de la campaña y generó múltiples críticas y acciones legales, principalmente basadas en el elevado índice de pobreza y la falta de infraestructura.
