La experiencia del país con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés) ha sido decepcionante.
Ni los proyectos de infraestructura encomendados al organismo se ejecutaron a tiempo ni se construyeron con fidelidad a las estimaciones iniciales de costos.
Ahora trasciende el incumplimiento del pago de cuotas a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), aunque fueron consideradas para el cálculo del valor de la construcción de tres obras viales.
La Unops llegó al país en el 2013 con la promesa de agilizar la ejecución de obras cuando parecía imposible lograrlo.
Costa Rica venía saliendo de fracasos como el de la carretera a San Ramón, todavía hoy sin remedio, y en el marco de tanta frustración parecía sensato buscar la solución allende nuestras fronteras, en una organización inobjetablemente neutra, como las Naciones Unidas.
En el 2014, las partes suscribieron los primeros contratos e informaron de una calendarización, en ese momento esperanzadora, y, luego, decepcionante.
Pasados seis años, la lenta ejecución de las obras contratadas a la Unops confirma dificultades propias del desarrollo de obra pública en el país, no importa quien construya.
Prolongados procesos de expropiación y otros trámites afectan a la entidad transnacional tanto como a los constructores locales, y no existe una solución mágica, como la soñada en el 2015.
La Unops, más bien, importó dificultades insospechadas en aquel momento.
La primera es la falta de transparencia. La Unops defiende la confidencialidad de sus archivos, lo cual se complementa con la inmunidad de sus funcionarios en el desempeño de sus tareas.
La entidad efectúa las licitaciones y resuelve apelaciones sin detener los procesos. La opacidad resultante se justifica como necesaria para agilizar la adjudicación de obras, pero si el país quiere esquivar las complicaciones de la Ley de Contratación Administrativa sería mejor reformarla que “tercerizar” la falta de transparencia.
Ahora surge el diferendo por el pago de cargas sociales. La Unops dice estar exenta de pagar cuotas obrero-patronales por su condición de organismo internacional, no obstante la consideración del costo en los expedientes refrendados por la Contraloría General de la República.
A fin de cuentas, la Unops no ha agilizado la ejecución de obras ni ofrece una garantía de fidelidad al costo inicial proyectado.
En el 2015, por ejemplo, la gestión de diseños y construcción de los pasos a desnivel en la rotonda de las Garantías Sociales, la Bandera y Guadalupe se estimó en $4 millones. Pasados cinco años, la factura subió a $7,5 millones; un 86 %.
Sin beneficios evidentes para el país, la entidad participa en el mercado de la construcción con las ventajas citadas a la hora de contratar y las pretendidas en cuanto al pago de cargas sociales, entre otros beneficios.
La Cámara Costarricense de la Construcción se considera sometida a competencia desleal.
Según Esteban Acón Rojas, presidente de la organización gremial, “hay muchísimos consultores nacionales” capaces de hacer la misma labor por mucho menos costo. El constructor observa, además, el dispar cumplimiento de las normas que impiden al Estado girar desembolsos a quien no esté al día con la seguridad social.
“Tenemos una situación injusta y desleal, completamente. No hay una competencia justa”, afirma. Es imposible no darle la razón, especialmente si los resultados no justifican las ventajas concedidas a la Unops.
El país debe desarrollar sus propias capacidades de ejecución, no importa si los contratos se firman con nacionales o extranjeros.
La experiencia de la Unops confirma que no hay soluciones mágicas, y la buena gestión del Ministerio de Obras Públicas en tiempos recientes señala las posibilidades existentes y perfectibles.