Editorial

Editorial: Jubilaciones gratuitas

Es inaudito que el Estado costarricense obsequie a sus empleados pensiones superiores a las disfrutadas por la mayor parte de los jubilados, muchos de los cuales cotizaron toda la vida.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) regala a sus empleados una pensión para la cual no cotizan. Es gratis, cortesía del pueblo costarricense, y se añade a los beneficios del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).

El Fondo de Retiro de los Empleados (FRE) se financia con aportes de la institución, es decir, de los ciudadanos, equivalentes al 4 % del salario mensual de los 60.000 trabajadores. En el 2019, la Caja destinó casi ¢34.500 millones a financiar el fondo. La pensión máxima regalada es por ¢324.120, unos ¢60.000 por encima del promedio del IVM.

Es inaudito, pero el Estado costarricense obsequia pensiones superiores a las disfrutadas por la mayor parte de los jubilados, muchos de los cuales cotizaron toda la vida. Parte del 4 % aportado por la institución sin contraprestación del empleado se destina a formar un “capital de retiro” equivalente a siete veces el salario devengado en el momento de la jubilación.

Como es de esperar, el sistema es insostenible y su faltante actuarial se ubica entre los ¢760.000 millones y ¢1,2 billones. En el 2018 empezó a utilizar los intereses de sus inversiones para pagar jubilaciones. En el 2021 comenzará a devorar su reserva y la agotará en el 2030. En consecuencia, la Caja contempla la posibilidad de reducir las pensiones en un 65 % y el capital de retiro en un 36 %. Claro está, la medida sería aplicable a los futuros funcionarios y la seguridad social seguirá cargando con el costo durante décadas.

En síntesis, la Caja no tocará los abusivos beneficios ya concedidos para respetar derechos adquiridos, pero en este momento de estrechez fiscal insistirá en obsequiar a los nuevos empleados una pensión gratuita y un capital de retiro financiados con fondos públicos, solo que por cantidades menores, dada la imposibilidad de seguir ordeñando los recursos institucionales.

El régimen de pensiones gratuitas de la Caja no es único, pero sus características lo hacen emblemático del camino recorrido para llegar a la crisis actual. Otras entidades públicas tienen regímenes de pensiones financiados con fondos institucionales; sin embargo, exigen alguna cotización al empleado. Esa circunstancia no alivia el exceso ni hace menos odioso el privilegio, pero al menos cuida las apariencias.

El Banco Nacional, el Banco de Costa Rica, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y la Junta de Protección Social (JPS) mantienen regímenes de jubilación costeados con sus presupuestos. Junto con el de la Caja tienen unos 81.000 afiliados activos y 23.000 pensionados.

El ICT, como la Caja, no se molesta en pedir cotización al empleado. El Banco Nacional aporta el 10 % y un 5,5 %, el trabajador. En el Banco de Costa Rica empleado y empleador abonan un 0,5 %, el ICT otorga al fondo un 5 % a cambio de nada y el ICE obsequia el 4,5 % de su enorme planilla. En el ICE, la pensión puede alcanzar ¢1,6 millones y en el Banco Nacional, ¢7,1 millones.

Por razones de salud fiscal y elemental justicia, urge la tramitación del proyecto de ley sometido a conocimiento de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa para cerrar los regímenes de privilegio descritos. Mediante leyes y reglamentos, la clase política ha venido repartiendo una enorme cantidad de recursos públicos entre un pequeño grupo de ciudadanos por cuenta de todos, incluidos los menos afortunados, que pagan el privilegio ajeno sea directamente mediante impuestos o en forma menos visible, a través de servicios y programas sociales deteriorados.

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