Una mala noticia económica siempre es fuente de inquietud. Cuando son varias y, además, se acumulan en un mismo periodo de tiempo, debemos pasar a la preocupación. Y solo si se emprenden iniciativas adecuadas para corregir el rumbo podremos evitar la alarma. En Costa Rica nos encontramos ahora en esta coyuntura.
El telón de fondo internacional son los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump a las importaciones provenientes de todos los países. Por su carácter universal, es prácticamente imposible que vaya a modificarlas en beneficio de Costa Rica, algo sobre lo que el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, dice tener algunas esperanzas. Ojalá se cumplan, pero lo más probable es que no.
Pero tanto o más perturbadores son los datos que se refieren a la llegada de turistas, la producción –en particular la de base local— y la recaudación fiscal. Lo que muestran es decrecimiento en unos casos y desaceleración en otros. Y por ser las dos primeras actividades esenciales para la generación de empleo, su impacto va más allá de lo económico y afecta directamente lo social.
Tal como informamos recientemente, el ingreso de turistas internacionales acumuló una caída del 2,7% en los primeros cinco meses del año, con un 3,7% de descenso en nuestros siete mercados prioritarios. El tema lo abordamos el pasado jueves en un editorial. En él comentamos la debilidad de las explicaciones ofrecidas por el ministro del ramo, William Rodríguez, y apuntamos las causas más reales e importantes: percepción de inseguridad, apreciación del colón frente al dólar y altos precios en el país.
A esto se une que el índice mensual de actividad económica (IMAE), que mide el comportamiento de la producción nacional, disminuyó por cuarto mes consecutivo. La producción de zonas francas se mantiene como su principal motor, aunque también ha perdido fuerza, y su contribución al fisco es mínima. En cambio, la producción de base local, clasificada en el rubro “régimen definitivo”, y que representa el mayor aporte al producto interno bruto y la recaudación del impuesto de renta, está cerca del estancamiento: apenas aumentó un 1,6% en marzo.
Dentro de ella, el dato más preocupante es el descenso de la producción agropecuaria en general, que a abril pasado sumaba cuatro meses de caída. Pero la situación ha sido aún peor para aquella que se dirige exclusivamente al mercado local, con 16 meses consecutivos de reducción. Una consecuencia laboral ya palpable, y que podría estar subestimada, es la reducción en un 3,4% de los cotizantes a la Caja Costarricense de Seguro Social.
Las razones que explican el menor dinamismo en unos casos y el deterioro en otros son múltiples. Una, de índole transversal, mencionada por la mayoría de los interesados, es la revaluación de nuestra moneda, que encarece la producción –y, por ende, también las exportaciones–, fomenta las importaciones, agudiza la competencia con los productores locales y nos hace perder competitividad. A esto se añaden, en el sector agropecuario, impactos climatológicos adversos.
La suma de todos los factores mencionados explica en parte que, por primera vez desde el 2019, los ingresos fiscales por el impuesto al valor agregado (IVA) superaron los de renta en el primer cuatrimestre del año. La diferencia resulta muy pequeña –apenas 0,1 punto porcentual–, y las razones de ese cambio son varias; sin embargo, el dato puede ser consecuencia de los problemas que afrontan las actividades productivas locales, principales aportadoras a renta, y de un incremento en el consumo –en parte, de productos importados—, mayor fuente del IVA.
No hay que ser exagerados para afirmar que enfrentamos una situación realmente preocupante. Lo peor es que no se percibe una estrategia gubernamental robusta para afrontarla. Sabemos que ni el gobierno tiene una varita mágica para solucionar esos problemas, ni se puede exonerar de responsabilidades al sector privado. Sin embargo, las autoridades son las responsables de impulsar las decisiones de política pública para abordar tan grandes desafíos, tanto en sus dimensiones coyunturales como estructurales. De ellas sí depende el entorno para que los empresarios tomen sus decisiones.
Hasta el momento, sin embargo, han prevalecido más las excusas que el análisis riguroso, y más la parálisis complaciente que la acción propositiva. Es por esto que ya han comenzado a sonar alarmas.
El primer paso para solucionar los problemas es reconocerlos. El Ejecutivo ni siquiera ha llegado a esta etapa, lo cual sugiere, por desgracia, que para las iniciativas el retraso será mucho mayor, y las consecuencias, mucho peores.

