La descripción de la escuela del barrio Limoncito parece extraída de una realidad ajena. Sabemos de los problemas de la infraestructura educativa nacional, pero las condiciones constatadas por periodistas de La Nación en Limoncito son de un subdesarrollo difícil de aceptar como propio.
Un niño lleva y trae el ventilador eléctrico del cual depende la posibilidad de dar clases. Sin el aparato, el calor se hace insoportable. Por eso, es tan preciado y la familia del pequeño lo custodia por las noches. La escuela consiste de paredes removibles con latas colocadas encima a manera de techo. Todo objeto de valor dejado en su interior desaparece en la oscuridad de la noche, como sucedió con la instalación eléctrica financiada mediante aportes de la comunidad.
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El barrio Limoncito está en el corazón de una capital de provincia. Es marginal, pero no remoto. Si la escuela funciona en tan lamentable estado, no son difíciles de imaginar las calamidades en zonas alejadas del centro. El ministro de Educación, Edgar Mora, admite las deficiencias en todo el país y señala las de Limón como las más graves.
No es la única desventaja de la provincia del Atlántico, pero está entre las más preocupantes. Solo la educación es capaz de romper el ciclo de la pobreza, heredada de padres a hijos con rarísimas fugas de individuos favorecidos por la suerte o talentos extraordinarios, cuando no por el éxito, siempre pasajero, en la consecución de dinero fácil.
La pobreza se renueva a falta de aulas donde los docentes puedan cumplir su misión en las condiciones básicas indispensables y los alumnos encuentren incentivos para negarse a desertar. Ninguno de los dos requisitos se cumple en los centros educativos visitados por nuestros periodistas.
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El presidente, Carlos Alvarado, asignó al segundo vicepresidente, Marvin Rodríguez Cordero, la coordinación de la mesa Caribe, creada por decreto para enfrentar, en conjunto con los limonenses, los problemas de empleo, infraestructura, desarrollo agropecuario y seguridad. Ninguno de esos cuatro asuntos, identificados como críticos y prioritarios, carece de vínculo con la situación de las aulas. La Casa Presidencial puede contribuir a incorporar los problemas de la educación pública a la lista de prioridades y a mantenerlos ahí mientras quedan resueltos.
Jeanette Navarro, directora de la escuela de Limoncito, recuerda promesas de un nuevo centro educativo formuladas en 1990. Han pasado tres décadas y las condiciones son deplorables. Según Andrea Obando, nueva jefa de la calamitosa Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del Ministerio de Educación Pública (MEP), los trámites de compra y donación de terrenos para construir la escuela ya comenzaron y, por lo pronto, trabajan para mejorar las condiciones existentes. La experiencia apunta a la necesidad de un brazo ejecutivo de alto nivel capaz de garantizar que se hará justicia pasadas las tres décadas de espera.
A tenor de las declaraciones del ministro Mora, la solución del problema de Limoncito sería un avance muy parcial. Las circunstancias ameritan un plan ambicioso, de alcance provincial y coordinado desde la vicepresidencia para aumentar el compromiso y la visibilidad, siempre con respeto para las competencias del MEP donde prueben ser suficientes.
