La escuela de La Capri funciona a pesar de las cuatro órdenes sanitarias emitidas por inspectores del Ministerio de Salud en el 2016. Es preferible operar sin los servicios sanitarios adecuados, sin instalaciones deportivas ni rampas para discapacitados. Incluso, es mejor mantener la escuela abierta en ausencia del muro requerido para dar seguridad a estudiantes y personal. Dos veces al mes, el barrio es testigo de enfrentamientos con armas de fuego y ya las balas han alcanzado el interior del centro educativo.
La educación de los niños es una altísima prioridad. Las aulas destacan entre las pocas rutas de salida del círculo de pobreza. También son una trinchera contra la criminalidad. Un reciente estudio de los 30 distritos del país donde se concentra la mitad de los homicidios identificó características comunes entre comunidades muy diversas, como las del Atlántico y las del Valle Central. Una de las condiciones destacadas es la baja escolaridad.
La escuela de La Capri debe seguir funcionando contra todas las adversidades, y si a las autoridades sanitarias se les ocurre una clausura el daño será mayor. Por fortuna, el Ministerio de Educación cuenta con el compromiso del personal asignado al centro educativo, pero la necesidad de mantener las aulas abiertas debe ser un acicate para los encargados de ejecutar las reparaciones. La certeza de inejecución de las órdenes sanitarias no puede adormecer el sentido de urgencia.
La Capri es tan solo un ejemplo. Otros 661 centros educativos del país funcionan con órdenes sanitarias pendientes. En el último año, el número de planteles en esas condiciones se incrementó en un 50 %. El 13 % de los 5.000 centros educativos del MEP es objeto de advertencias emitidas por las autoridades sanitarias. La mayor parte de las órdenes, un 90 %, obedecen al deterioro de la infraestructura, el mal estado e insuficiencia de los servicios sanitarios y la mala disposición de aguas negras.
El hacinamiento, los malos olores, las plagas, inundaciones y exposición a otras inclemencias del ambiente también figuran entre las causas de emisión de prevenciones sanitarias. La situación es un motivo más para revisar las operaciones de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) del MEP.
Esa oficina ejecuta los procesos ordinarios de desarrollo de infraestructura y equipamiento, pero solo nueve proyectos se hicieron por el procedimiento ordinario en el 2017. En los otros 175 proyectos ejecutados el año pasado, el Ministerio utilizó procesos de contratación abreviados, previstos para obras menores, con sacrificio de controles, lo cual conduce a sobreprecios, retrasos, obras defectuosas e inconclusas. El Instituto de Alajuela, valorado en ¢3.786 millones, es decir, una obra de importancia, se hará mediante proceso abreviado precisamente por las dificultades de ejecución asociadas con otras modalidades.
Si el MEP y su brazo encargado de desarrollar obras no logran ejecutar proyectos por procedimientos ordinarios y también se ve en dificultades para asegurar el resultado óptimo en las contrataciones abreviadas, el panorama no es más alentador en el caso de grandes construcciones, totalmente financiadas, como son las del fideicomiso educativo administrado por el Banco Nacional, con $167,5 millones en préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La finalidad del fondo es construir 80 centros educativos y 23 canchas deportivas, pero ya pasaron más de cuatro años desde su creación y el avance es poco, pese a los ¢984 millones pagados como castigo por demoras en la ejecución del crédito. Si a las multas se suman los gastos de gestión fiduciaria, la suma asciende a ¢1.334 millones, dinero suficiente para construir cuatro centros educativos.
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La deficiente ejecución de obras por el MEP y la urgencia de la intervención estatal, demostrada por las órdenes sanitarias, exige atención inmediata del más alto nivel. La educación es destino de una enorme porción de recursos públicos. No hay excusa para convivir con carencias por incapacidad de ejecución.