Editorial

Editorial: Impuesto mínimo global

El país debe estudiar sus otras ventajas competitivas para fortalecer las existentes y desarrollar las posibles en caso de una disminución del peso de los incentivos fiscales.

Janet Yellen, secretaria estadounidense del Tesoro, llamó a frenar la «carrera hacia el fondo» alimentada por la práctica de competir por la inversión extranjera mediante ofertas de estímulos tributarios a las empresas transnacionales. La administración de Joe Biden requiere ingresos para financiar su ambicioso plan de infraestructura, valorado en $1,9 billones; sin embargo, teme la fuga de inversiones si eleva el impuesto a las rentas empresariales. Para evitarlo, propone un impuesto mínimo global.

Es una política diametralmente opuesta a la de la administración de Donald Trump, cuya reducción del impuesto al 21 % tenía la única intención de impedir el traslado de empresas al extranjero y estimular el regreso de las que esparcen su cadena de producción por el mundo, mediante lo cual producía utilidades en varias jurisdicciones.

Esa competencia, basada en la oferta de impuestos más y más bajos, es la «carrera hacia el fondo» descrita por Yellen. Ahora el gobierno estadounidense propone fijar en un 21 % el impuesto mínimo global para nivelar el terreno de juego y crear un margen que le permita elevar la tasa interna al 28 % sin renunciar a su competitividad frente a países con tributos menores.

La idea no es nueva ni se limita a los foros de discusión en Washington. Hace ocho años, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la puso sobre la mesa y el Fondo Monetario Internacional (FMI) se manifiesta entusiasta. Alemania y Francia aplauden la idea y esta figuró en la agenda de los ministros de Finanzas del G20, el 7 de abril. La influyente organización reúne a las 20 economías más desarrolladas y podría formular una propuesta en julio.

La aceptación internacional del planteamiento es indispensable porque no hay otra forma de ponerlo en práctica. Una vez adoptado por las grandes economías, las demás se verán obligadas a alinearse. La experiencia podría ser similar a la de Irlanda cuando la Unión Europea le exigió modificar los beneficios ofrecidos a las multinacionales para conservar la posibilidad de exportar libre de impuestos.

Falta mucho para poner en práctica el impuesto mínimo global. No hay siquiera una definición preliminar de la tasa, las características de los obligados y los mecanismo básicos de operación. No obstante, el creciente acuerdo entre las grandes economías y organismos financieros multilaterales impone una seria consideración del cambio, sobre todo en países como Costa Rica, donde 125.039 son empleos directos y 62.132, indirectos, radicados en las zonas francas, el sector más dinámico de la economía y responsable del 10 % de la producción.

Parte del atractivo para esos empleadores es la exención del impuesto sobre las utilidades por un período determinado. El país debe estudiar con detenimiento sus otras ventajas competitivas para fortalecer las existentes y desarrollar las posibles en caso de una disminución del peso de los incentivos fiscales.

Bien aprovechado, el cambio podría crear nuevas oportunidades. Como bien dice el ministro de Comercio Exterior, Andrés Valenciano, la estabilidad democrática, la paz social, el talento humano, la seguridad jurídica y la cada vez más apreciada sostenibilidad ambiental no se construyen de la noche a la mañana.

Pero la mala infraestructura, los altos costos de la electricidad, la escasa oferta educativa en el área de ciencia y tecnología son, entre otras, desventajas cuya influencia en la toma de decisiones de inversión podría aumentar. Frenada la «carrera hacia el fondo», la competencia se centrará en virtudes y falencias de los países en liza.