Editorial

Editorial: Freno al gasto en planilla

La reforma fiscal del 2018 frenó el aumento desbocado. La medida de más peso fue la nominalización de las anualidades para dejar de fijarlas como porcentaje del salario

En el 2018, último año del gobierno de Luis Guillermo Solís, el gasto en salarios de la Administración Pública aumentó en ¢251.000 millones. El año anterior el incremento había sido de ¢218.000 millones. Era un ritmo imposible de mantener. Los incentivos, especialmente las anualidades concedidas automáticamente, disparaban el gasto sin control. La Universidad de Costa Rica (UCR), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y otras instituciones llegaron a gastar en incentivos el doble de lo invertido en salarios base.

La reforma fiscal del 2018 frenó el aumento desbocado. La medida de más peso fue la nominalización de las anualidades para dejar de fijarlas como porcentaje del salario. También redujo los porcentajes pagados por dedicación exclusiva e impuso otros límites. El gasto en sobresueldos cayó un 1,7% en el 2021 (¢41.000 millones) y explica el moderado aumento de ¢24.420 millones en las remuneraciones el año pasado en relación con el 2020. El aumento del 2021 fue un 0,4%, cuando el promedio entre el 2015 y el 2020 era un 3,1%.

Entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Costa Rica es el que mayor porcentaje de sus ingresos gasta en salarios públicos. Esa realidad persiste. Los resultados del 2021 también se apoyan en el congelamiento de los aumentos salariales previsto por la regla fiscal cuando la deuda pública supere el 60% del producto interno bruto (PIB) y la eliminación de las anualidades del 2021 y el 2022 a raíz de la pandemia.

No obstante, la reciente aprobación de la Ley Marco de Empleo Público promete un orden más estable en el futuro gracias a la adopción del salario global. La ley será ejecutada por la nueva administración, y en ese proceso hay un amplio margen para afectar su rendimiento. Es un proceso por observar con esmero porque reflejará la voluntad política para enfrentar uno de los principales disparadores del gasto público.

La reforma también resuelve el dolor de cabeza de los privilegios incorporados a las convenciones colectivas. Los excesos vienen en retroceso desde hace años merced a fallos de la Sala Constitucional y negociaciones a la baja conducidas por algunas instituciones públicas, pero siempre hay ejemplos como el de la Municipalidad de San José, donde algunos sindicalistas ganan más que su salario por asistir a las cortas sesiones de la Junta de Relaciones Laborales y nadie se anima a denunciar la disposición de la convención colectiva que fija las dietas.

Hay trabajo por hacer en materia salarial y de privilegios, pero, por lo pronto, los recursos destinados a pagar salarios se redujeron en relación con el tamaño de la economía. En el 2016, un 16% del PIB tenía ese destino y en el 2021 el porcentaje cayó al 15,1%. También, disminuyó la porción del gasto total del sector público destinada a remuneraciones. Pasó del 26,3% al 23,6% en el mismo período.

La Contraloría General de la República, autora del estudio de donde salen las cifras citadas, no tiene dudas sobre los motivos del avance. “Distintos indicadores sobre el comportamiento general del gasto devengado en remuneraciones del sector público señalan un menor dinamismo en dicho gasto, principalmente desde el año 2020 y en el rubro de incentivos salariales, reflejando el efecto de la entrada en vigor del Título III de la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”.

El informe también señala las mejoras prometidas por la Ley Marco de Empleo Público. La Contraloría se adelantó a adoptar el salario global en el 2007 y consiguió significativos ahorros. No solo tiene los recursos técnicos para valorar el potencial de la ley, sino también la experiencia práctica. El futuro gobierno tiene, ante sí, la posibilidad de sacar provecho al instrumento.

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