Desde el 2010, el Estado impulsa la adopción de un sistema único para hacer sus compras mediante procesos digitalizados, más transparentes y competitivos. No hay duda sobre los efectos saludables de esos procedimientos porque la transparencia rebaja el costo de la corrupción, mientras la competencia reduce precios y estimula ofertas de mejor calidad. Los resultados han sido confirmados por experiencias internacionales y algunas pruebas en instituciones locales.
A la luz de las ventajas, es injustificable el paso de tanto tiempo sin un sistema comprensivo de todas las compras del Estado. Un pequeño porcentaje de ahorro en transacciones valoradas en ¢5,2 billones al año sería una importante contribución a la lucha contra la crisis fiscal. Según los expertos, es posible abaratar las compras hasta en un 20 % gracias a la transparencia, la competencia y la eliminación de costosos trámites y papeleos. Sería fabuloso, pero la cuarta parte de ese ahorro sería muy significativa.
En el 2013, las demoras ya resultaban demasiadas para la presidenta Laura Chinchilla, quien decretó, en setiembre, la obligatoriedad del sistema Mer-Link en toda la administración central. El nuevo gobierno —el actual— no tardó en dar marcha atrás. En enero del 2015, cuando a Mer-Link le faltaba muy poco desarrollo, anunció la creación del Sistema Integral de Compras Públicas (Sicop), construido sobre Mer-Link y administrado por Radiográfica Costarricense, no por el Instituto Costarricense de Electricidad.
La decisión descarriló el proceso que contaba con el respaldo de la administración anterior, las autoridades del Gobierno Digital y la Contraloría General de la República. Cuando La Nación preguntó por los estudios técnicos conducentes a la decisión, por ninguna parte aparecieron. La mejor respuesta provino del Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuyos funcionarios reconocieron la ausencia de un análisis para justificar los cambios y dijeron haber basado la decisión en una serie de informes recopilados por Hacienda. En ese ministerio, los responsables dijeron estar preparando la documentación días después de anunciados los cambios. Radiográfica confirmó la inexistencia de un estudio. “Creo que Hacienda, como ejecutora del proceso, podría tener alguno”, dijo el gerente, Francisco Calvo.
Para calmar las aguas, la administración fijó un plazo, a diciembre del 2016, para integrar a todas las instituciones a la nueva plataforma. Eso no ocurrió y tampoco se cumplió la fecha fijada por una ley de setiembre del 2016, que estableció un año de plazo, con seis meses más de gracia. Todo esto sin contar con las dudas existentes sobre la transparencia del sistema finalmente adoptado y su superioridad sobre el Mer-Link original.
Pasados todos los plazos y fracasadas las aspiraciones de los encargados del gobierno digital, la Contraloría, la expresidenta Chinchilla y los propios diputados, dos de las grandes instituciones compradoras del Estado anuncian la posibilidad de integrarse parcialmente al sistema único este año. La Caja Costarricense de Seguro Social, fuente de escándalos con licitaciones y compras directas al calor del agotamiento de inventarios, promete ejecutar algunas compras mediante la plataforma digital en el segundo trimestre.
LEA MÁS: El Gobierno Digital, ¿para cuándo?
La Refinadora Costarricense de Petróleo dice estar preparada para comenzar a utilizar el sistema en el segundo semestre, pero otros grandes compradores estatales, como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se declaran insatisfechos con la plataforma y se resisten a integrarse a ella. Al 13 de setiembre del 2017, dice la Contraloría, solo el 35,8 % de las entidades públicas utilizaban el sistema adoptado por la actual administración, cuya insistencia en fortalecer los mecanismos de recolección de impuestos y combate a la evasión ha sido mucho más constante que la implantación de sistemas para asegurar el gasto eficiente y pulcro de esos recursos.
