Adrián Mora. 30 enero, 2018

Algunos candidatos a la presidencia, en mayor o menor medida, se han referido al Gobierno Digital como la respuesta idónea para resolver diversos problemas del Estado: desde que sería un mecanismo para maniatar los tentáculos de la corrupción, mediante la transparencia ofrecida por las tecnologías digitales, hasta llamarlo el bálsamo para remediar la burocracia y tramitomanía que afecta la competitividad del país. No es sorpresa, pues el asunto en campaña electoral es atractivo.

A pesar de ello, y de las buenas intenciones plasmadas en algunos planes de gobierno, no se vislumbra una estrategia concreta para consolidar el Gobierno Digital en nuestro país. Desde su génesis, el transcurrir del Gobierno Digital ha sido un viacrucis.

Debe rescatarse de las cenizas, un plan que necesita una estrategia acorde con nuestra infraestructura y desarrollo, con las exigencias de una población mucho más conectada.

Sus mayores éxitos se gestaron cuando tuvo el apoyo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Resulta incuestionable que los proyectos tecnológicos, además de visión y conocimiento técnico, necesitan respaldo económico. Durante este gobierno, el programa experimentó sus días más oscuros porque, prácticamente, desapareció del horizonte gubernamental.

El reto es mayúsculo. Debe rescatarse de las cenizas, un plan que necesita una estrategia acorde con nuestra infraestructura y desarrollo, con las exigencias de una población mucho más conectada y familiarizada con las nuevas tecnologías, y en un entorno global que también exige aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.

Tarea pendiente. El último reporte del Foro Económico Mundial (The Global Information Technology Report 2016), expone el Networked Readiness Index (NRI), herramienta clave para evaluar la preparación de los países para cosechar los beneficios de las tecnologías emergentes y capitalizar las oportunidades.

Si bien es cierto los resultados para nuestro país no fueron trágicos (posición global 44 y 3 en América Latina), tenemos mucho por hacer, especialmente, en políticas públicas y el establecimiento de un marco regulatorio y un entorno adecuado para fomentar la innovación.

La creación de esta estrategia debe pasar, primero, por una participación activa de los diversos actores (públicos y privados) de la sociedad. Como prueba, el gobierno de Australia, número dos del mundo en gobierno electrónico, acaba de lanzar una campaña de consulta nacional para debatir cómo el país debe aprovechar las oportunidades de la economía digital.

Luego, necesitamos una entidad fortalecida, con una estructura jurídica y financiera robusta que le permita, no solamente desarrollar los proyectos, sino también decretar e imponer las políticas y estándares nacionales.

Es sabido que en materia de Gobierno Digital no funcionan los feudos tecnológicos ni los proyectos sin un enfoque de economía a escala. La visión debe ser amplia, el gobierno electrónico no solamente alcanza para la simplificación de trámites y para un sistema de compras públicas electrónico; deben analizarse todas las oportunidades y alcances que abarcan las nuevas tecnologías.

El gobierno británico, aprovechando el bum del bitcóin, hizo un estudio profundo de la plataforma de blockchain, y concluyó que su uso posibilita la optimización de innumerables procesos estatales.

Debemos también analizar los avances en inteligencia artificial, la tecnología 5G y el gran tema sobre ciberseguridad, entre otros.

Para mañana es tarde, el próximo gobierno tiene por delante enormes desafíos. Es incuestionable que hay prioridades, como el problema del déficit fiscal, del empleo público y la seguridad ciudadana, por mencionar algunos, pero, sin duda, el aprovechamiento inteligente y óptimo de las nuevas tecnologías por el Estado es un proceso necesario, urgente es improrrogable.

El autor es abogado.