Editorial: Expansión del secretismo en el ICE

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El dinero es de los costarricenses y la empresa también, pero la información es propiedad exclusiva de quienes podrían verse afectados por su difusión. El país, según la nueva política del Consejo Directivo, debe permanecer en la ignorancia si los miembros de ese cuerpo colegiado lo deciden. La Política corporativa de la confidencialidad de la información aprobada en diciembre y publicada la semana pasada en La Gaceta permite sustraer del conocimiento público justamente los informes relacionados con corrupción, mala administración y otras anomalías, es decir, los informes de la Auditoría Interna.

Las normas, de acatamiento obligatorio para todos los trabajadores del ICE y sus empresas, se fundamentan en las leyes de apertura del mercado de las telecomunicaciones y son aplicables únicamente a ese sector, no al eléctrico, en el que persiste el monopolio estatal. El espíritu de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones es salvaguardar los secretos industriales y comerciales cuya divulgación daría ventaja indebida a los competidores, no tender un manto de silencio sobre las anomalías y la mala gestión.

Según el ICE, la nueva política “parte del principio de que los productos de la Auditoría Interna son de carácter público, a excepción de que contengan información confidencial, de conformidad con la Constitución Política o la legislación”. El problema es la excepción, que faculta a los directores para identificar las informaciones de auditoría que “no resulte conveniente divulgar”. El contenido de esos informes generalmente se refiere a malos manejos, sean dolosos o no.

Los directores podrían encubrir anomalías detectadas por la Auditoría Interna con la excusa del daño que causaría a una empresa en competencia la lavandería pública de los trapos sucios. El secretismo, a fin de cuentas, podría ser el peor enemigo de la salud de la empresa estatal porque invita a la comisión de nuevas irregularidades y, en cualquier momento, el país puede despertar a la realidad de una crisis mayor, incubada al amparo del silencio.

No sería la primera vez. Sucedió, para poner un ejemplo, en el extinto Banco Anglo. Tampoco se trataría de un escándalo nuevo en el ICE. La institución ha sido centro de grandes polémicas y cuestionamientos a lo largo de los años. El sector de las telecomunicaciones es, justamente, la principal fuente de zozobras, algunas de ellas objeto de investigación penal. Tampoco sería novedad el encubrimiento de irregularidades en las más altas esferas, como alegó el gobierno en el 2019 para destituir al Consejo Directivo. Valga el ejemplo por reciente, pero los hay más graves, como todo el país recuerda.

La pregunta es si la alta dirigencia del ICE merece la confianza de la ciudadanía al punto de renunciar al conocimiento de los informes de auditoría. Esa fe ciega no debe ser depositada en ninguna institución pública, porque la transparencia y rendición de cuentas son indispensables para el éxito de la institucionalidad democrática. Mucho menos merece el irrestricto espaldarazo una entidad donde las desviaciones han sido frecuentes y costosas.

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El ICE es una “institución compleja y reacia al control”, dice la contralora, Marta Acosta Zúñiga, cuyo criterio es que la institución abusó “absolutamente” de la potestad de declarar confidencial la información de sus operaciones. Y eso fue antes de conocerse la nueva política corporativa.

La pregunta es si el ICE merece tanta confianza como para renunciar al conocimiento de los informes de auditoría. Esa fe ciega no debe ser depositada en ninguna institución pública