Editorial

Editorial: Examen urgente

La erosión de la confianza en el TSE en la última encuesta del CIEP solo se explica por un efecto de arrastre de las demás instituciones relacionadas con la representación política.

Si alguna institución merece confianza en Costa Rica es el Tribunal Supremo de Elecciones. Décadas de comicios impolutos, supervisados por observadores internacionales y por la propia ciudadanía, de cuyo seno salen miles de voluntarios para fiscalizar las votaciones, merecen, además de confianza, agradecimiento. Hace más de 70 años ocurrió la última disputa armada por un resultado electoral. El bien ganado prestigio del TSE es garantía de que no habrá otra.

Por eso, debe alarmarnos el injustificado deterioro de la confianza en el Tribunal, caída de 6,6 a 5,9 entre noviembre y abril, según la escala de uno a diez diseñada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica. Salvo exabruptos de algún movimiento político marginal, el TSE no ha sido blanco de cuestionamientos en los últimos años. Sobre todo, no ha sufrido críticas en el período citado. El próximo ciclo de actividad electoral apenas comienza en el interior de los partidos políticos.

La erosión de la confianza en el TSE solo se explica por un efecto de arrastre. La encuesta demuestra un deterioro de la fe depositada en todas las instituciones, especialmente las relacionadas con la representación política. En las demás podemos señalar hechos concretos a los cuales atribuir el retroceso, pero no en el TSE. El deterioro de la confianza en el organismo electoral sería síntoma de una enfermedad mucho más extendida y peligrosa: tanta es la insatisfacción de la ciudadanía que no está dispuesta a dar crédito siquiera a quien lo merece.

La Asamblea Legislativa no logró aprovechar el leve repunte de abril del 2020 y solo consiguió preservar el puntaje de 4,4 obtenido en noviembre de ese año, que representa una caída de 1,6 en relación con el anterior, cuando el país era testigo de una función pocas veces vista. Con la cercanía de las elecciones volvieron las poses políticas, los escándalos artificiales, el partidismo y la percepción de ineficacia.

Los partidos políticos, por su parte, son las instituciones más desprestigiadas. En el 2019, se beneficiaron de la percepción más favorable de las instituciones en general; sin embargo, en noviembre del año pasado, cayeron a 3,4 y en la última medición apenas llegaron a 2,9. A un año de las elecciones, el 87 % de los votantes no simpatiza con partido político alguno.

A los partidos corresponde, en primer lugar, analizar los datos de la encuesta, confirmados por otros estudios y por la práctica que les consta directamente. Urge extraer lecciones para recuperar el terreno perdido. Harían bien si comenzaran por preguntarse qué distinguió los primeros dos años del Congreso actual.

En la primera legislatura, los diputados aprobaron 36 leyes «sustantivas», es decir, con impacto en el desarrollo humano del país, dice el Informe estado de la nación. Ese número no se había alcanzado desde 1986, en circunstancias políticas muy distintas.

«La nueva Administración y un grupo inusual de aliados en el Congreso alcanzaron acuerdos políticos para aprobar leyes enfocadas en paliar los efectos inmediatos del desequilibrio en las finanzas públicas —tales como la reforma fiscal (aprobada en diciembre) y un nuevo endeudamiento a través de eurobonos (que se terminó votando en julio pasado)— y atender algunos temas puntuales de la agenda de desarrollo», señaló el Estado de la Nación. Los legisladores incluso aprobaron una reforma del reglamento legislativo para evitar el obstruccionismo.

El éxito de esa legislatura, y también de la segunda, coincide de pleno con las opiniones favorables expresadas por los ciudadanos sobre el Congreso y otras instituciones. Lo sucedido en la Asamblea Legislativa el último año, por el contrario, parece explicar el retroceso detectado por la encuesta.

Fenómenos tan complejos no pueden ser atribuidos a una sola causa. En el período de deterioro, el país ha sufrido la covid-19 y sus consecuencias económicas y sociales, pero no parece arriesgado presuponer que cuando las instituciones funcionan y dan respuesta a problemas urgentes crecen en la estima de los ciudadanos. El prestigio del Congreso no era mucho antes del 2018, cuando no había emergencia sanitaria y el desempleo era poco más de la mitad. Ignorar las advertencias y seguir la política como si nada puede tener consecuencias graves para un sistema político que distingue a Costa Rica y le permite presumir de instituciones como el TSE.