EscucharLa manifestación pública impulsada por el gobierno y realizada el martes en San José, con el propósito manifiesto de exigir la renuncia del fiscal general, Carlo Díaz, fue un abierto intento de interferencia en la separación y autonomía de los Supremos Poderes de la República. Pero también fue algo peor: un espurio escalamiento del presidente Rodrigo Chaves por descarrilar, a su favor, el curso de la justicia en casos penales de suma gravedad, que lo involucran directamente.
También tuvo el cariz de un acto preelectoral, por la simbología utilizada, algunas de las consignas entonadas y el protagonismo que se les otorgó a exministros de gobierno que han sido presentados como posibles contendores a cargos de elección popular. La posibilidad de que el mandatario, de nuevo, haya incurrido en la beligerancia política que le prohíbe el Código Electoral, es muy alta.
Por todo esto, pero en particular por el afán de interferir en la justicia, fue una actividad frontalmente reñida con principios básicos del quehacer democrático, la decencia en el cumplimiento de la función pública, la naturaleza del quehacer presidencial y la igualdad ante la ley.
Frente a ello, tanto el fiscal como el presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre, reaccionaron como corresponde. Rechazaron con serenidad y firmeza las presiones y reafirmaron su independencia en el cumplimiento de los mandatos legales y constitucionales a los que deben lealtad. En esto, merecen nuestro respaldo total.
En su arenga a los concurrentes, Chaves utilizó un repertorio de insultos para referirse tanto a esos funcionarios como al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias. Así, de nuevo manchó la dignidad de su investidura e irrespetó un cargo que debería representar, al menos con su conducta respetuosa, a todos los ciudadanos y ciudadanas costarricenses.
La organización de la manifestación fue algo muy distinto a una expresión de voluntad ciudadana o un acto cívico alrededor de valores en disputa. Pareció, más bien, un montaje orientado a debilitar la institucionalidad e impulsar intereses personales de Chaves, que hoy siente amenazados por la acción judicial.
Para realizarla, el Ejecutivo movilizó recursos públicos y –algo muy peligroso– aceptó financiamiento privado de fuentes que aún no han sido reveladas. Chaves requirió decenas de policías y guardaespaldas para asistir al acto, realizado en los predios del Circuito Judicial. Exigió que sus ministros y varios presidentes ejecutivos de instituciones autónomas lo acompañaran dócilmente. Todo el aparataje audiovisual de la Presidencia –equipos y personal– fue activado para realizar tomas de la actividad, que transmitió mediante sus redes sociales. Además, seguramente serán editadas y divulgadas por otros medios, quizá incluso la cadena nacional dominical que, por ley, debería dedicarse a temas educativos y divulgativos.
La participación de los jerarcas ocurrió en horas laborales –que no deben distraerse en asuntos privados–, y hasta ahora no se sabe si solicitaron permiso sin goce de salario para asistir.
Nuestros periodistas contaron 34 autobuses utilizados para transportar personas desde distintos puntos del país, a las que, además, se les proporcionaron almuerzos gratuitos. Algunas de ellas ni siquiera sabían a qué venían, lo cual evidencia una ofensiva manipulación de ciudadanas y ciudadanos bien intencionados por parte de los organizadores.
El único financiamiento conocido de esta operación es el de los almuerzos, por parte de un grupo de interés económico –la Cámara Costarricense de Pescadores–, muchos de cuyos miembros reciben subsidios estatales, y el de un autobús que, según una boleta de depósito que se filtró ayer, fue pagado por un sector cooperativo, también con obvios intereses en sus relaciones con el Estado. Su costo llegó casi al millón de colones. También es un misterio quiénes, y con qué propósitos, asumieron el resto de los gastos de la actividad.
Por lo que se sabe y, sobre todo, por lo que se desconoce, la posibilidad de conflictos de interés es muy grave. Lo menos que debería hacer el gobierno es informar, con absoluta transparencia y de manera verificable, cuánto costó la actividad y el origen de todos los recursos utilizados en ella.
A pesar del montaje y la convocatoria desde semanas atrás, la asistencia fue –por decir lo menos– modesta: no más de cuatro cuadras, para nada compactas. Lo más cercano a un cálculo preciso fue realizado por el ingeniero Sebastián Urbina, mediante herramientas de inteligencia artificial, y apenas llegó a 2.809 participantes. El mensaje de este resultado es doble: primero, que a pesar del despliegue de recursos y, quizá, presiones, la capacidad de movilización del presidente y sus operadores es muy limitada; segundo, que la ciudadanía no es tan fácil de confundir y manipular como algunos creen.
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Una cosa es la libertad de manifestarse, garantizada por la Constitución y que respaldamos plenamente; otra, articular un montaje envuelto en la opacidad para atacar a las instituciones democráticas y a sus ocupantes, y para pretender que el presidente, en los múltiples casos judiciales que le atañen, esté por encima de los demás costarricenses y de las leyes que todos debemos respetar.
Los ciudadanos y ciudadanas participantes en la actividad ejercieron su libertad y por ello merecen respeto, no importa si suscribimos o no sus móviles. El gobierno, en cambio, articuló una maliciosa trama de poder, recursos y falsedades, con propósitos totalmente ilegítimos, personalistas e, incluso, antidemocráticos. Lo único que esto merece es el rechazo total.
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