EscucharPara poner fin a cuatro años de mascarada, Luis Guillermo Solís se disfrazó de héroe ante el plenario legislativo. Desde el pedestal, pidió a los diputados “completo patriotismo” en el manejo de las finanzas públicas. En ese ámbito, dijo el 2 de mayo, su gobierno merece el calificativo de “heroico”.
El antifaz no impidió reconocer al mandatario que, a pocos meses de juramentado, elevó el presupuesto nacional en un 19 %, complació a sus aliados del sector público con generosos aumentos salariales y vertió un chorro de recursos sobre las universidades. En aquel momento, Solís elogió una marcha estudiantil contra el ajuste presupuestario y su ministra de Cultura se puso al frente de una protesta de trabajadores del sector. A lo largo del periodo constitucional, el presidente corrió con la tea en dirección opuesta al mesón, rehusando confrontar los disparadores del gasto.
Es pronto para pensar en una estatua ecuestre pero, llegada la oportunidad, convendría recordar que el mandatario alcanzó el poder a lomos de la demagogia. Con el objeto de infligir una derrota al gobierno de Laura Chinchilla, la facción del Partido Acción Ciudadana alineada con Solís descarriló el Plan de Solidaridad Tributaria, mejor diseñado y más eficaz que el proyecto fiscal planteado, sin éxito, en las postrimerías de esta administración, cuando se sintió eximida del costo político.
Como candidato, Solís prometió no crear impuestos durante sus primeros dos años en el poder. Esa primera mitad del mandato la dedicaría a demostrar cómo se gasta “bien”, con eficacia y austeridad. En ese momento, la batalla de las finanzas públicas no merecía el calificativo de heroica. Ni siquiera valía la pena librarla. El presidente criticó a los sectores “obsesionados” con el déficit y restó importancia al problema.
Nada duraron las promesas de austeridad y el rechazo a la creación de nuevos tributos no llegó al año. La heroica administración, además de exorbitar el presupuesto nacional, se dedicó a procurar recursos mediante la generación de nuevos ingresos. En lo relativo al control del gasto, los próceres tocaron retirada. Sin parpadeos, como se espera de una estatua, el mandatario declaró inútil la reforma del empleo público, pues tardaría 18 años en producir efectos.
La administración se reservó las demostraciones de valentía, optó por el corto plazo y exigió a la Asamblea Legislativa aprobar impuestos para seguir alimentando excesos y privilegios. El impacto de una reforma al empleo público sería mucho más inmediato, pero Solís rehuyó la confrontación con los sindicatos del sector y, a partir de entonces, no hubo esfuerzos heroicos pese al pretérito reconocimiento de que “no se puede hablar de ingresos sin hablar de gastos, y los salarios forman parte de eso”.
El heroísmo de la administración, a tenor del discurso pronunciado el miércoles, consistió en sortear los retos fiscales acumulados durante décadas. Pero el mandatario no fue elegido para evadir problemas, sino para resolverlos. Tampoco es cierta la caracterización de su gobierno como mártir de los errores del pasado. Solís ayudó a profundizarlos hasta el punto de la insolvencia, para utilizar su propia descripción de las finanzas públicas hacia el final de la administración.
El gobierno heroico no solo carga la culpa de su inacción. El mandatario olvidó el papel de su partido en el fracaso del Plan de Solidaridad Tributaria, su férrea oposición a dominar los disparadores del gasto y las políticas dispendiosas de su propia administración. Cuando dejó las filas del Partido Liberación Nacional, del cual fue secretario general, no citó la política fiscal entre sus motivos. Luego de tanto protagonismo y de gobernar cuatro años, Solís no puede lavarse las manos depositando las responsabilidades en hombros de sus predecesores. Si el país lo permitiera, renunciaría a toda esperanza y restaría sentido a la política misma. ¿Para qué tanto esfuerzo si de las futuras administraciones solo esperamos la disposición a sufrir heroicamente los errores del pasado, sin enmendarlos?
La responsabilidad histórica de la administración Solís es grave y no debemos olvidarla, sobre todo si su innegable contribución a la crisis fiscal conduce a mayores sufrimientos. El gobierno se ha visto obligado a endeudarse, a tasas de interés cada vez más altas, para enfrentar el pago de obligaciones básicas, como salarios y aguinaldos. La deuda crece y el déficit fiscal ronda niveles catastróficos. La calificación de riesgo del país empeora y se hace difícil colocar bonos soberanos.
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Los esfuerzos “heroicos” del primer gobierno del PAC dejan al segundo en una situación muy comprometida. El torpe intento presidencial de redefinir la realidad y desplazar responsabilidades solo servirá de irritante, mientras la nueva administración despeja dudas y prueba su compromiso con las soluciones de fondo.
