Debido a que, en 2025 (año base para el cálculo de 2027) el endeudamiento superó el umbral de 60% del producto interno bruto (PIB), el próximo año se deberá aplicar el escenario más estricto de la regla fiscal. Esto implicará, entre otras cosas, congelamiento de salarios en el sector público y mucha menor capacidad de inversión.
Poco después de presentar el proyecto de presupuesto, el propio ministro Chaves reconoció una severa caída en los ingresos gubernamentales, mientras que el 22 de julio, al anunciar una serie de iniciativas de recaudación, dijo que, sin medidas adecuadas, en 2031 la relación deuda-PIB podría llegar a 68,8%, “un escenario catastrófico”.
Estas apreciaciones distan mucho del triunfalismo expuesto en su informe de 2025 a la Asamblea Legislativa, cuando, tras vanagloriarse de resultados económicos, dijo: “El dinero nos está alcanzando”. No es así, y aunque son muchos los factores que inciden en la menor recaudación, el principal es la desaceleración económica, generada, en parte, por la revaluación del colón.
Es decir, la llamada “economía jaguar”, tan proclamada durante su administración, se asentó en bases muy frágiles. Ahora toca pagar la factura, con particular impacto en las finanzas públicas.
Una situación de estrechez debería ser respondida, vía presupuesto, con una visión estratégica del Estado y con un espíritu de reforma en su operación. Es algo de lo que hemos carecido durante el anterior gobierno y lo que llevamos del actual. Lo menos que debería esperarse es una mayor apuesta a los egresos destinados a inversiones que generen crecimiento, y a ámbitos clave, como educación, seguridad ciudadana y desarrollo social. Sin embargo, son de los más golpeados por las reducciones.
El presupuesto para educación se reduce en 0,7% y nos aleja aún más del mandato constitucional de destinarle, al menos, el equivalente al 8% del PIB. A los ministerios de Seguridad y de Justicia y Paz les recortan el 1,7% y el 2,5%, respectivamente. El Poder Judicial, ya golpeado por reducciones este año, recibirá ¢10.000 millones menos (una caída de 1,9%) y Hacienda pretende congelarle ¢30.000 millones adicionales mediante normas de ejecución presupuestaria que violan su autonomía.
En total, 15 instituciones dispondrán de menos recursos, tres no experimentarán cambios y seis tendrán más fondos. Entre ellos están, precisamente, los dos ministerios que ocupa Chaves, en particular el de la Presidencia. Aquí sobresale la creación de nueve plazas, definidas como temporales, para contratar a igual número de asesores en el Viceministerio de Asuntos Parlamentarios.
Su presunta función será trabajar con los diputados del partido oficialista, que ya cuentan con 182 asesores propios. Cuesta aceptar que sean necesarios. Más bien, todo indica que el ministro doble ha decidido servirse con una cuchara más grande que aquellas de que disponen muchos de sus colegas. Es una actitud coincidente con el innecesario y casi ofensivo privilegio de contar con una aparatosa y costosa escolta, por demás innecesaria, mientras los demás ministros –como corresponde en nuestra democracia– carecen de ella.
Menores ingresos en un contexto de retos económicos generales y prioridades de gastos e inversiones sin visión estratégica. Esta es la conclusión inevitable sobre el proyecto de Presupuesto Nacional 2027. Al menos, revela con claridad lo que la retórica pretende ocultar.
