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El Ministerio de Hacienda rechazó el recurso presentado por la Corte Suprema de Justicia a un nuevo recorte al presupuesto por un monto de ¢23.721 millones.
Orlando Aguirre, presidente de la Corte, interpuso el pasado 24 de agosto el recurso de revocatoria, con nulidad concomitante y solicitud de medida cautelar provisionalísima contra el oficio del Ministerio de Hacienda, MH-DM-OF-0901-2026, que impuso un “ajuste técnico complementario” al Poder Judicial.
Hacienda catalogó como improcedentes, en todos sus extremos, los alegatos porque no constituye este un acto administrativo susceptible de impugnación autónoma.
El Ministerio indicó también que rechaza por improcedente la gestión de nulidad concomitante, porque recae sobre una actuación preparatoria que no ha producido modificación presupuestaria ni efectos jurídicos propios; subsidiariamente, por ausencia del presupuesto objetivo del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP).
También indicó que la medida cautelar provisionalísima solicitada carece de objeto y no corresponde a Hacienda el otorgamiento de una medida de naturaleza jurisdiccional.
“Los reparos de ese Poder (Judicial) podrán hacerse valer, en su totalidad, en la sede que la Constitución dispone: el trámite legislativo del proyecto de ley”, indicó el Ministerio.
Hacienda justificó que el oficio impugnado no le quita un “solo colón a nadie” y que únicamente comunica un ajuste de ¢23.721 millones que propondrá a la Asamblea Legislativa. Según el ente, el presupuesto vigente se mantiene igual y solo puede modificarse mediante ley.
Hacienda indicó que la Contraloría General de la República (CGR) certificó que este año ingresarán ₡373.390 millones menos de lo previsto, por lo que la Constitución obliga a realizar el ajuste. Además, afirmó que la Sala Primera de la Corte ya ha señalado que una comunicación de una propuesta no puede ser recurrida.
Contenido del oficio
El oficio MH-DM-OF-0901-2026, del 18 de agosto, fue suscrito por Rodrigo Chaves, en su condición de ministro de Hacienda. Mediante ese documento, el Poder Ejecutivo impuso al Poder Judicial el ajuste complementario en su presupuesto.
El Ministerio utilizó un modelo estadístico propio, elaborado a partir de datos de ejecución presupuestaria del periodo 2006-2025, para determinar lo que denominó la “holgura” presupuestaria o recursos que, según sus cálculos, la Corte no llegaría a devengar, es decir, a ejecutar.
Para establecer la rebaja, Hacienda examinó 544 líneas presupuestarias y aplicó reducciones en 362 líneas específicas, correspondientes a 85 subpartidas. Es decir, el Ministerio no solamente identificó cuánto debía reducirse el presupuesto del Poder Judicial sino también en cuáles partidas, subpartidas y programas debía materializarse el ajuste.
El desglose aparece en el apartado V.8 del oficio y en su Anexo Único. Allí se establece que la mayor proporción de la rebaja recae sobre el Organismo de Investigación Judicial, al cual se le asignó una reducción de ¢9.536,3 millones.
El propio anexo precisa que esa baja representa el 40,2% del total del ajuste técnico complementario. El segundo componente de mayor peso corresponde a Dirección y Administración, con un 36,8%, mientras que el porcentaje restante se distribuye entre los demás programas del Poder Judicial.
