EscucharLa Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es una institución insigne para los costarricenses y pieza clave de nuestro contrato social, tanto por su papel en la provisión de servicios de salud como por la operación del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el régimen de pensiones más importante del país. Este último cubre a más de 1,7 millones de cotizantes y casi 380.000 jubilados. Por esta razón, su eficaz funcionamiento y sostenibilidad financiera es de extrema relevancia, considerando especialmente el contexto de una población que envejece, la prevalencia de la informalidad y la resistencia de algunos grupos generacionales a formar parte del sistema.
Las últimas reformas –aprobadas en 2022 y vigentes desde 2024–pretendían extender el período crítico relacionado con el agotamiento de las reservas del régimen del IVM por lo menos hasta el año 2050 y aumentar la razón de solvencia al menos a un 60%. En esa ocasión, se hicieron ajustes en cuanto edad y número de cuotas mínimas (65 y 300 respectivamente) y se modificó la metodología para calcular el monto de la pensión. Esta reforma estuvo precedida, entre otros cambios, por el aumento de las contribuciones que acordó la CCSS en los años 2005, 2016, 2017 y 2019. Se definió que estas tendrían un incremento sustancial desde el 7,5% existente en el 2005 hasta llegar a un 12,16% en los próximos años (actualmente es de un 11,16%).
Recientemente, este medio dio a conocer que, en la CCSS, el Comité de Vigilancia del IVM propuso modificaciones adicionales al régimen, las cuales incrementarían aún más las contribuciones hasta llegar a un 13,16%. Además, se aumentaría la edad de retiro a 70 años, se reduciría el monto de la pensión a un 40% del promedio salarial, y se obligaría a un aporte adicional del 5% para cubrir el seguro médico. Se trata de cambios dramáticos que ameritan una profunda discusión y un serio diálogo intersectorial. Además, a dicha agenda deben agregarse otros temas que de ninguna manera pueden quedar por fuera.
El primero de ellos es el referente a la deuda estatal con la CCSS. Es hora de ponerle término a esta discusión bizantina entre la institución y el gobierno de turno, en donde la primera se muestra incapaz de demostrar con exactitud el monto de lo adeudado y el segundo se niega a reconocer que dicha deuda existe. Lo cierto es que aunque haya una discusión en torno a su monto exacto, el compromiso debería empezar a honrarse de una manera racional.
Las estimaciones indican que al menos un 17% de dicha deuda, calculada por la CCSS en ¢4 billones, corresponde a obligaciones no pagadas al IVM, es decir, un monto de ¢680.000 millones. Si, como se asume, el problema reside en que el Estado no tiene el dinero para honrar lo que debe, no es posible seguir posponiendo la solución y hay que encontrar una fuente recursos frescos para cancelar esa deuda.
Un segundo tema se refiere a la necesidad de atender con seriedad las deficiencias históricas en la administración de la CCSS, las cuales se han visto agravadas en años recientes, al punto de que la rotación de presidentes ejecutivos, directivos y equipo gerencial ha llegado a niveles nunca vistos, con detrimento evidente de la calidad de los servicios brindados y la operatividad de la institución.
Es imposible que los asegurados estén dispuestos a aumentar sus aportes, ver reducidos sus beneficios o que el Estado disponga de nuevos recursos para la seguridad social, por más esencial que esta sea, si antes no se dan los cambios estructurales que allí se necesitan desde hace décadas, para garantizar que los dineros se administren de una manera más transparente y efectiva.
En esa agenda debe incluirse también la discusión sobre las posibilidades reales de que adultos mayores de 60 años puedan mantener sus trabajos y prolongar sus actividades productivas hasta llegar a los 70, cuando son sabidas las grandes dificultades que afronta este grupo de la población para retener los puestos que actualmente tiene o, peor aún, para conseguir uno nuevo.
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Si bien es cierto, esto puede solventarse con la introducción de transitorios, la posposición por varios años de la entrada en vigencia del nuevo régimen, o el establecimiento un régimen dual temporal, no es algo que pueda obviarse.
Asimismo, es indispensable pensar en el diseño de incentivos efectivos para convencer a las nuevas generaciones y a los que trabajan en la informalidad de la necesidad y conveniencia de incorporarse al sistema, para bien de ellos y de todos.
Finalmente, la coyuntura debe aprovecharse para dar inicio a la confluencia, paulatina pero inexorable, de todos los regímenes de pensiones existentes en uno solo, más justo y razonable.
Como resulta evidente, esta discusión es amplia y no puede limitarse a lo propuesto por el Comité de Vigilancia del IVM. Esta apenas empieza. El camino podrá verse muy empinado, porque no será fácil llegar a acuerdos, pero garantizar la robustez futura de nuestra seguridad social bien lo merece.
