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El reportaje especial publicado el domingo pasado en este diario, elaborado por la periodista Jailine González a partir del análisis de 59 conferencias de prensa de la Presidencia entre 2022 y 2026, ofrece evidencia sistematizada del uso sostenido del insulto como método de gobierno.
El estudio, que contó con herramientas de inteligencia artificial contrastada contra cada conferencia de origen, documenta una escalada verbal evidente: de 10 frases agresivas identificadas en los primeros meses de la administración Chaves, en 2022, a 37 en los primeros tres meses de la administración de Laura Fernández. De esas 37 frases, 31 corresponden a la propia mandataria y seis al expresidente.
Dato mata relato. La promesa implícita de un cambio de estilo quedó en el olvido, y Fernández le apuesta más bien a subir la dosis de confrontación de su antecesor, pese a los llamados que, desde la sociedad civil y la oposición, se le hicieron con esperanza. Antes del 8 de mayo, el diputado Álvaro Ramírez, de Liberación Nacional, pidió sin rodeos a la mandataria electa que asumiera un “liderazgo positivo, basado en el diálogo, respetuoso y sereno”. La aritmética del propio estudio muestra que, en sus primeros 100 días, la propuesta de Fernández no es “más de lo mismo”, es “el doble de lo mismo”, en un afán de demostrarnos que ella puede ser más agresiva que su antecesor.
Pero no todo es igual. El estilo de Chaves se enfocaba en la animalización y las referencias a enfermedades: “ratas” “animales ponzoñosos”, “cáncer”, etc., mientras Fernández tiene su propia propuesta de entretenimiento y echa mano más bien de la ridiculización y la infantilización: “pataletas”, “acusetas”, “viejas de patio”. Cambia el repertorio, pero no el propósito.
Como explicó a este medio el lingüista Adrián Vergara, catedrático de la Universidad de Costa Rica, despojar discursivamente a alguien de su racionalidad reduce el peso que puede concedérsele a su opinión. Llamar “berrinche” a una crítica institucional no es un exabrupto, es más bien una forma de neutralizarla sin necesidad de responderla.
Ese es, precisamente, el mecanismo que debería preocupar a la ciudadanía más allá del anecdotario de frases que se viralizan en la red. La etiqueta no es un desahogo verbal de los gobernantes; es una herramienta de comunicación que están utilizando sistemáticamente para descalificar y, al hacerlo, desvían la atención del problema real hacia la reacción que provoca el insulto.
Mientras el país discute si “acusetas” fue una expresión pasada de tono y si se lo merecía o no el destinatario, no se discute el fondo del asunto que la motivó. La confrontación se convierte en el contenido de la conversación pública, y el tema de fondo, sea una decisión de un fiscal, un nombramiento cuestionado o una cifra de inseguridad, queda relegado a una nota de pie de página.
El estudio documenta también un giro en los blancos de los ataques. Pasamos de colectivos amplios e indefinidos en 2022, como la “prensa canalla”, la “casta codiciosa” o los “ticos con corona”, a ataques dirigidos a funcionarios señalados con nombre y apellidos a partir de 2024. Los favoritos han sido el fiscal general y algunos magistrados del Poder Judicial. El historiador David Díaz Arias, también de la UCR, ubica este estilo dentro de la tradición de “hombre fuerte”, con antecedentes en la política nacional del siglo pasado.
Esa construcción tiene consecuencias medibles, no solo retóricas. Un informe conjunto de la UCR y la Fundación Heinrich Böll advirtió de que entre 2024 y 2025 se consolidó una correlación entre el discurso presidencial confrontativo y las restricciones al acceso a la información pública.
Más de 800 personas firmaron recientemente una carta exigiendo disculpas al expresidente Chaves por calificar de “limitado” al excandidato presidencial Álvaro Ramos, un caso que ilustra cómo la descalificación cruza del terreno político al personal con total impunidad.
Nada de esto es inevitable, ni es el costo de gobernar con carácter o incluso con mano dura. Es, más bien, una puesta en escena sostenida por dos administraciones políticas con un propósito claro: dividir para gobernar sin el desgaste del debate y la rendición de cuentas.
El fenómeno, además, permea cada vez más el oficialismo a todo nivel, desde los diputados que compiten por cuál es más soez en sus ataques, hasta ministros que impostan la voz, los gestos y los dichos del expresidente Chaves, para el regocijo de sus seguidores.
El reportaje publicado tiene el mérito de desnudar esta estrategia con datos verificables. Corresponde a la ciudadanía, a la prensa y a las instituciones de control no dejarse arrastrar por esa cortina de exabruptos y exigir que el debate público vuelva algún día a su cauce normal.
