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Cuando, hace un año, Donald Trump regresó a la Casa Blanca como cuadragesimosétimo presidente de Estados Unidos, su discurso inaugural combinó hipérboles sobre el futuro de su país con inquietantes y reveladoras intenciones. Entre ellas, mencionó su agresiva política migratoria, la “recuperación” del canal de Panamá, el proteccionismo comercial, la expansión territorial y la apuesta a los hidrocarburos.
Anunció la inmediata emisión de una serie de “órdenes ejecutivas” (decretos) para iniciar “la completa restauración de Estados Unidos” y manifestó la esperanza de que la suya fuera recordada como “la más estupenda y consecuente elección en la historia de nuestro país”.
Estupenda no ha sido; consecuente, sin duda, pero para mal. Los peores presagios se han cumplido, pues su presidencia, más que creativa, ha sido destructiva.
Hoy es posible decir, con pena y preocupación, que nunca en la historia moderna de su país, un presidente ha generado tantos perjuicios en tan poco tiempo. Más allá del impacto directo de sus decisiones, su efecto acumulativo genera justificadas dudas sobre el futuro de la democracia estadounidense y la naturaleza de su tradicional papel en el mundo.
Hacia el interior, ha acumulado y realizado un uso arbitrario del poder, irrespetando reglas, presionando instituciones y saltándose procedimientos; también, aprovechando la falta de límites de un Congreso con mayoría de su partido Republicano y una Corte Suprema de Justicia allanada a la mayoría de sus designios.
Hacia el exterior, ha desplegado una política transaccional, unilateral, pasando por encima de normas básicas del derecho internacional y con una visión de mundo que privilegia el ejercicio de la fuerza sobre otras consideraciones. Su desdén por la democracia como variable crítica, su apego a los intereses económicos –a veces con afán depredador–, su admiración por los autócratas y su tendencia a arremeterla contra aliados tradicionales, son otras dimensiones alarmantes.
Lo anterior, sumado a una obsesión por los déficits comerciales y un afán por presentar a Estados Unidos como víctima económica de otros países, ha conducido a una política comercial de errático proteccionismo, que, además, usa la imposición o amenaza de aranceles como instrumento de poder. Resultado: desconcierto, incertidumbre y distorsión y daños múltiples. Con un 15% de aranceles, superior al de la mayoría de los países latinoamericanos, Costa Rica está entre sus víctimas.
Su política migratoria merece un párrafo aparte: ha sido cruel, arbitraria y ejecutada por verdaderas “fuerzas de choque” que han aterrorizado a infinidad de comunidades. Hace pocos días, volvió a amenazar con invocar una ley del siglo XIX, esta vez para desplegar el ejército en Mineápolis, estado de Minnesota, donde miles han estado protestando contra la fuerte presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) luego de la muerte, el 7 de enero, de Renee Nicole Good, una madre estadounidense de 37 años. Por una especie de “efecto en cascada”, sentimientos de bravuconería e impunidad han invadido a los agentes federales de este organismo, quienes tienen cada vez menos reparos en accionar sus armas.
Trump también ha politizado la función de fiscal federal ejercida por el Departamento de Justicia, para perseguir a adversarios o funcionarios que, como el presidente de la Reserva Federal, ejercen profesionalmente su independencia.
Mientras insiste en desconocer como legítima la elección de Joe Biden, en noviembre de 2020, ha perdonado a decenas de condenados por asaltar el Capitolio el 6 de enero siguiente, para evitar su proclamación. A ello se suma un número sin precedentes de perdones a favor de ricos delincuentes convictos, cercanos al presidente.
Su frecuente cuestionamiento a la integridad del proceso electoral despierta alarma, lo mismo que sus presiones para que estados con dominio republicano rediseñen distritos electorales y beneficien a sus candidatos a la Cámara de Representantes. El temor a que la oposición demócrata retome su control en las elecciones de medio periodo, en noviembre, puede inducir peores iniciativas.
La presión sobre las universidades, el retiro de apoyo federal a innumerables proyectos de investigación, su desdén por las tecnologías limpias y su apuesta a la inteligencia artificial como casi único bastión innovador, auguran retrocesos en las enormes ventajas científico-tecnológicas estadounidenses. Por el momento, la economía marcha con normalidad, pero los vientos en contra se están acumulando.
Entre las primeras órdenes emitidas por Trump hace un año estuvieron el desmantelamiento de la Agencia para el Desarrollo Internacional y la orden de abandonar la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático. Más recientemente, ordenó el retiro de otras 66 organizaciones internacionales.
Ha sembrado enormes dudas sobre el compromiso estadounidense con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), pilar de la defensa occidental. Su insistencia en apropiarse de Groenlandia, parte de Dinamarca, miembro fundador de esa alianza, ha generado una crisis nunca vista desde su establecimiento, en 1949.
Su solidaridad con Ucrania, víctima de una invasión rusa desde febrero de 2023, ha sido en extremo errática; peor, a menudo ha favorecido las posturas del dictador Vladimir Putin. La nueva política de seguridad nacional, que resucita el afán de dominio estadounidense sobre el continente americano, ya se manifestó con la intervención militar en Venezuela. A la vez, puede incentivar un “reparto” del mundo en esferas de influencia, que lleven a China a ser más agresiva en sus reclamos por Taiwán.
El listado es mucho más amplio, pero lo apuntado basta para sustentar un balance muy negativo.
Si tanto ha ocurrido en apenas un año, es difícil ser optimistas sobre el futuro. Lo que corresponde es prepararnos, como país, para afrontarlo de la mejor manera posible. Es una de las mayores tareas que el gobierno, no importa quién llegue a ocuparlo, tiene por delante.
