El estímulo a la construcción de infraestructura pública, como puertos, aeropuertos y carreteras, constituye una función básica del Estado. La responsabilidad recae en los ministerios de Obras Públicas y Transportes y Hacienda. Por razones difíciles de entender, la administración Solís Rivera no asumió esta vital función con el empeño debido y, sin mayor análisis, rechazó la figura de la concesión, que es la forma más eficaz de financiar proyectos sin impactar las muy debilitadas finanzas públicas. El Ministerio de Hacienda, en esta y otras materias, ha tenido una actitud tan pasiva que en ocasiones parece no existir.
En el análisis del conjunto de las medidas necesarias para atender el asfixiante déficit fiscal, el financiamiento de la infraestructura pública debe ser tratado con agilidad, profesionalismo y responsabilidad. Las obras son necesarias para que la economía opere con dinamismo, así como para devolver a la familia costarricense la tranquilidad perdida por los problemas de tránsito en la Gran Área Metropolitana (GAM).
Las obras de infraestructura deben ser concebidas con vida útil de, cuando menos, cincuenta años, no como ocurrió con la ruta 27, con una vía por sentido, puentes angostos y otras deficiencias que la tornaron obsoleta prácticamente desde el día de su inauguración. Si el erario no paga por ellas y su costo lo soportan los concesionarios y las entidades financieras, en particular los bancos comerciales que les dan crédito, es difícil entender por qué se han estancado obras de tan alta prioridad como la ampliación y mejora de la autopista San José-San Ramón y la citada ruta 27.
Falta capacidad gerencial en el equipo de gobierno y el costo lo pagan todos los habitantes del país o, cuando menos, quienes viven y se movilizan en la GAM. La administración que resulte electa en los comicios de abril próximo debe tomar con seriedad el tema de la construcción y mantenimiento de una moderna infraestructura pública en materia de puertos, aeropuertos y —quizá el más obvio— carreteras. Esa sinceridad pasa por reconocer la inexistencia de soluciones mágicas, el fracaso de fideicomisos tipo pomada canaria y otras propuestas ineficaces.
No puede el gobierno fallar, una vez más, al país. Es necesario conformar equipos gerenciales con personas de capacidad reconocida y no simplemente con amigos y colaboradores políticos. Los atrasos y los problemas acumulados a la fecha son demasiado grandes para no entrar a resolverlos desde el 9 de mayo próximo. Con Costa Rica no se debe jugar más. Es necesario acompañar con hechos los dichos y promesas de campaña. Por fortuna, el país cuenta con profesionales y ejecutivos dispuestos a colaborar con el esfuerzo si la próxima administración los convoca con sinceridad.
Nuevas urbanizaciones surgen día con día en la GAM. Nuevas agencias de vehículos, nuevos y usados, contribuyen a la expansión del parque vehicular. Los bancos y otras entidades financieras ofrecen cómodos créditos para la adquisición de vehículos y residencias, pero la infraestructura vial, de acueductos y otros servicios esenciales, cuya gestión corresponde al gobierno, está virtualmente paralizada. Precarios afincados en zonas por donde deben pasar carreteras se resisten a desaparecer y un gobierno débil ha sido incapaz de reubicar a sus habitantes.
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Ojalá todo esto cambie, para bien, en el próximo cuatrienio, porque de otra manera la fe depositada por la ciudadanía en el sistema democrático seguirá sufriendo desgaste. Desarrollar la infraestructura indispensable es también una forma de construir democracia.
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