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Desde hace tiempo, el fútbol nacional lanza inquietantes indicios que ya dejaron de ser un desfile de casualidades. En marzo del año pasado, un equipo y dirigentes de la Liga de Ascenso fueron castigados por amañar un partido; otro juego de octubre –esta vez en Primera División– motivó una alerta de FIFA, también por posible amaño.
Esta semana, La Nación publicó que la Federación Costarricense de Fútbol investiga a dos equipos de la máxima categoría por posibles irregularidades con cambios de sus respectivas administraciones. Ya son demasiadas señales, y muy graves, como para volver la cara y alejarse silbando como si nada ocurriera.
El fútbol se alimenta de la pasión de los aficionados y hace décadas se convirtió en una industria millonaria, gobernada por una multinacional que llega literalmente a todo el planeta. Detrás de cada gol, cada tarjeta roja y cada revisión del VAR, en Costa Rica o donde sea, hay un negocio que mueve cifras impresionantes. Como en muchas actividades económicas a nivel mundial, el balompié corre el riesgo de convertirse en refugio de actividades indeseadas, como el lavado de dinero; y eso debe evitarse.
Es una industria autorregulada que, a fuerza de escándalos, aprendió a desarrollar sus propias barreras de contención, antes de que entren al partido los brazos normales de la justicia común. Como parte de esta estructura, en Costa Rica hay un Comité de Licencias, un Comité de Ética, un Oficial de Cumplimiento de FIFA, y una serie de órganos y reglamentos que permiten intervenir cuando algo pinta mal. El problema es cuando muchas cosas pintan mal al mismo tiempo.
El inicio mismo de las investigaciones es una buena noticia sobre la respuesta institucional, pero es solo el comienzo del camino. Al Comité de Licencias le corresponde la tarea de meter bisturí en documentos y recopilar testimonios que muchas veces tienen el objetivo de disfrazar la información. Y es que los reglamentos son estrictos en la obligación que tienen los clubes de reportar cambios en su administración o venta de acciones, para garantizar la idoneidad y transparencia del dinero que entra a este deporte.
La pasión que despierta el fútbol es su gran combustible, pero, paradójicamente, también se convierte en un enemigo que anestesia los temas serios. Al aficionado parece importarle poco de dónde proviene la inversión que sostiene a su equipo; la prioridad es que el estadio se vea bien pintado, que los jugadores tengan el salario al día y que ojalá sobren recursos para contratar al delantero de moda. En la agenda de los seguidores de un equipo, y muchas veces de los medios de prensa, quedan relegadas al último cajón amenazas como lavado de dinero, amaño de partidos y posible presencia de delincuencia organizada.
Incluso, muchos aficionados prefieren inventar teorías de la conspiración antes de admitir que su club pueda estar incubando ilegalidades. Entonces, aparecen consignas populistas como “Nos quieren perjudicar” o “Contra todo y contra todos”, las cuales terminan beneficiando a los personajes que se mueven desde la sombra.
El coctel de ingresos millonarios, controles débiles y desinterés de los aficionados permitió crear extensas redes que terminaron siendo evidenciadas en el llamado escándalo “FIFA-Gate”, del cual Costa Rica fue protagonista en primera línea. Como en muchas actividades económicas a nivel mundial, el balompié corre el riesgo de convertirse en refugio de actividades indeseadas, como el lavado de dinero; y eso debe evitarse.
Pese a las sanciones que llegaron en su momento, el peligro no desapareció, porque las organizaciones delictivas siempre encuentran nuevos portillos. Frente a esos trucos, la reglamentación dota a los órganos de la Federación Costarricense de Fútbol de potestades y herramientas para intervenir y, si es del caso, dictar medidas cautelares o sanciones permanentes.
Si se corroboran las anomalías después de un proceso riguroso, aquí no puede caber la alcahuetería, el amiguismo o el síndrome del pobrecito. Y mucho menos el cálculo político, en un negocio donde los votos son escasos y valiosos; a veces, esos votos hasta corresponden a los propios investigados, lo cual les da una amplia palanca para negociar.
Ante cada irregularidad comprobada, las acciones deben ser contundentes, sin importar que supuestamente “alejen a aficionados o patrocinadores”. Nada le hace más daño a esta industria que la falta de transparencia o la posibilidad de que, debajo de las canchas de última generación, funcionen ocultas alcantarillas.
Salvando las distancias, ya comprobamos en otros órdenes de la vida nacional lo que puede llegar a ocurrir si no se toman medidas cuando aparecen los primeros síntomas. Por eso, el fútbol debe actuar rápido: de momento, hay señales de que la pelota corre grave riesgo de mancharse.
