El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) tiene secuestrado el desarrollo tecnológico nacional, pero, según la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), la liberación del rehén puede hacerse sin riesgo. La empresa estatal rehúsa devolver las frecuencias necesarias para desarrollar redes 5G y, con ellas, dar un largo salto adelante en el campo de las telecomunicaciones, pero, en las circunstancias del caso, la ley permite cancelar las concesiones sin compensación alguna.
La clave está en el completo desperdicio de las frecuencias o, en el mejor de los casos, su subutilización. Nada podría reclamar el ICE al Estado si en uso de la facultad establecida en el artículo 22 de la Ley General de Telecomunicaciones emitiera una declaratoria de interés público para extinguir la concesión antaño otorgada a la empresa estatal.
Por otra parte, sería aleccionador ver si el ICE intenta hacerse indemnizar por la cancelación de concesiones de las cuales no deriva provecho alguno, salvo impedir a terceros el desarrollo de las redes de telecomunicaciones indispensables para impulsar el progreso nacional. Según la Sutel, el ICE perdería en los tribunales; sin embargo, a nadie puede caber duda del alto precio para su reputación si pretende resarcimiento por la cancelación del «derecho» a desperdiciar un valioso bien público.
De acuerdo con la Sutel, el país dejó de percibir $321 millones por el retraso de las redes 5G, y si el gobierno permite al ICE mantener el curso, la pérdida ascenderá a $1.134 millones en el 2024. Es mucho más de la mitad del empréstito de $1.778 millones negociado con el Fondo Monetario Internacional para apoyar la estabilización fiscal. Buena parte de esas pérdidas, además de las ya ocurridas, son inevitables porque la asignación de frecuencias requerirá unos 18 meses desde el comienzo del concurso hasta el refrendo del resultado por la Contraloría General de la República.
Haciendo a un lado la absurda posibilidad de resarcimiento por pérdidas inexistentes, dada la falta de explotación del recurso, el ICE más bien incumple las obligaciones impuestas por ley a los concesionarios del espectro radioeléctrico, no importa si son públicos o privados, porque la lógica del ordenamiento es asegurar su explotación en beneficio del país.
Después del dictamen de la Sutel, el temor a una demanda del ICE, esgrimido por el gobierno para no ejercer la potestad concedida por el artículo 22, carece de sentido. Es hora de declarar el interés público, cancelar las concesiones del ICE y poner las frecuencias al servicio del progreso nacional.
La Sutel documentó el desperdicio en 16 informes técnico-jurídicos elaborados desde el 2012 en relación con las frecuencias de 1.400 megahercios (MHz), 2.600 MHz, 3.500 MHz y 26 gigahercios. Por su parte, las organizaciones del sector privado no dejan de señalar la necesidad de invocar el artículo 22 para poner fin a las infructuosas negociaciones con el ICE, cuyos propósitos de dilación no podrían ser más obvios.
El Instituto, antaño al servicio de los costarricenses, hoy vela por sus propios intereses al costo de la atracción de inversiones, la competitividad, el desarrollo económico y el avance social. También impide directamente a la ciudadanía hacer uso de la mejor tecnología para la vida cotidiana. Las redes 5G, con su mayor ancho de banda, permiten velocidades de hasta 10 gigabits por segundo y los aparatos conectados a Internet a esa velocidad transformarán, para bien, la vida y costumbres.
El secuestro del futuro debe llegar a su fin y la administración Alvarado haría un enorme servicio al país si libera las posibilidades de la nueva tecnología. Insistir en el temor a una demanda del Instituto ya no pasa de ser excusa.
