La salud pública sufrió un nuevo revés con la decisión de diputadas de la Comisión de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor de archivar el proyecto de ley que pretende exigir la colocación de etiquetas frontales en los alimentos preenvasados, una medida destinada a advertir a los consumidores sobre el exceso de calorías, azúcares, sodio y grasas.
Esta es la segunda vez, en los últimos tres años, que la Asamblea Legislativa les da la espalda a iniciativas que buscan que los costarricenses estén mejor informados sobre lo que comen. La primera, con el expediente 22.065, fue archivada en febrero de 2022 por los entonces integrantes de la Comisión de Asuntos Sociales; la segunda ocurrió este 19 de febrero, con el plan 23.861, propuesto por la legisladora Andrea Álvarez. En ambas decisiones prevaleció el interés comercial sobre la salud pública.
Esto, a pesar de que el sobrepeso y la obesidad afectan a más del 60% de la población adulta y al menos al 36% de los niños de entre 6 y 12 años. Lejos de ser simples estadísticas, estas cifras representan a una generación con alto riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación (ENT-RA), como los males cardiovasculares (el infarto de miocardio y los accidentes cerebrovasculares están asociados con la hipertensión arterial), algunos tipos de cáncer y la diabetes.
Una investigación de la Universidad Hispanoamericana, dada a conocer en enero, determinó que el 61% de las defunciones registradas en el país entre los años 2000 y 2023 fueron provocadas por enfermedades crónicas no transmisibles. Se trata de 298.000 muertes de un total de 491.000. Las provincias de San José y Guanacaste presentan tasas de mortalidad superiores al promedio nacional (273,2), con 298,9 y 297,8 decesos, respectivamente, por cada 100.000 habitantes.
Aun así, los diputados optaron por ignorar la evidencia científica y la urgencia de actuar para proteger a los ciudadanos. Al no existir un etiquetado de advertencia, los consumidores continuarán expuestos a comprar productos sin ser plenamente conscientes de los efectos en su salud. Como dice la expresión que se le atribuye al filósofo y antropólogo alemán Ludwig Feuerbach, “somos lo que comemos”, ¿pero cómo saber qué somos, si no tenemos acceso a la información necesaria para decidir?
La posición de los legisladores es cortoplacista: ignoran que al evitar informar al consumidor, están trasladando el problema a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que carga con los enormes costos económicos de atender a una mayor cantidad de población con enfermedades prevenibles desde la alimentación. Solo en 2023, los servicios de Consulta Externa atendieron a 398.000 personas por obesidad, de ellas 270.000 mujeres y 128.000 hombres.
Uno de los argumentos en contra del etiquetado nutricional es que podría afectar la economía de los pequeños productores. La diputada independiente María Marta Padilla alegó, al votar por archivar el plan, que este tipo de iniciativas perjudica principalmente a quienes comercializan productos de manera más informal. Sin embargo, esto no tiene sustento técnico. No hay estudios que lo demuestren.
En otros países, sí hay investigaciones que han demostrado que la implementación del etiquetado no afecta la producción ni el empleo. Más bien, la norma ha incentivado a los productores e industriales a reformular sus productos para hacerlos más saludables.
En Chile, por ejemplo, un año después de la entrada en vigor del etiquetado, en 2016, el 15% de los productos en el mercado habían sido reformulados para reducir su contenido de azúcares, sodio y grasas. En México, donde rige la norma desde 2020, la compra de bebidas y cereales azucarados, así como de papas fritas, se redujo, pero esto dio oportunidad para la introducción de los mismos productos en versiones más saludables. En Argentina, el etiquetado frontal se aprobó por ley en octubre de 2021, lo que permite que los consumidores tomen decisiones informadas sin afectar la industria.
Tampoco es cierto que la imposición del etiquetado incumpla con normativas o acuerdos centroamericanos, como afirmó el Ministerio de Salud. Profesionales de la Universidad de Costa Rica investigaron y determinaron que el etiquetado frontal de advertencia no contradice el Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA). Sin embargo, los diputados no tomaron en cuenta estos criterios. Una sentencia de los magistrados de la Sala IV llegó a la misma conclusión al señalar que esta información nutricional complementaria no contradice el RTCA en lo que respecta a facilitar al consumidor la comprensión de la información relacionada con el valor nutritivo del producto.
El ocultamiento de información sobre el contenido nutricional sí atenta contra los derechos de los consumidores a saber qué están comprando y consumiendo. La Sala Constitucional fue determinante, en abril del año pasado, al señalar que la decisión del Ministerio de Salud de junio de 2023, de prohibir las etiquetas de advertencia, contraviene el derecho a la salud y el derecho a la información de los consumidores.
Incluso, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, Unicef y la FAO han reconocido el etiquetado como lo que es: una herramienta de salud pública.
Archivar este proyecto de ley por segunda vez es un atentado contra el derecho de los costarricenses a la salud y a la información transparente. La lucha no ha terminado. Los diputados deben retomar este tema de manera responsable y profesional, sin injerencias, para convertirlo en realidad. La legisladora Álvarez presentó otro texto, ahora bajo el número 24.840. Ella sostiene que se concilian las visiones de pequeñas y medianas empresas con el interés primordial en la salud.
Es urgente que la Asamblea Legislativa no dé más largas a una solución que está probada en otras naciones. Es esencial que los legisladores discutan y aprueben, sin más dilaciones ni pretextos, la imposición del etiquetado de advertencia; que antepongan la salud pública por encima de los intereses particulares o económicos. Miles de vidas importan más.
