La crisis de las radiopatrullas del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) no es un problema nuevo ni una situación que pueda haber tomado por sorpresa al gobierno. Desde 2023 venimos informando de que el 40% de las unidades permanecen fuera de servicio y, tres años después, el país sigue atrapado en el mismo diagnóstico.
En paralelo, las organizaciones narcotraficantes no escatiman recursos para fortalecer su poder de desplazamiento. Vehículos de lujo, todoterrenos y pick-ups de alto rendimiento forman parte de la logística con la que operan, como lo reveló un reportaje del periodista Christian Montero, publicado este 11 de junio.
La desventaja policial es obvia. Según los datos expuestos en la reunión de Zapote, el 38% de las 540 radiopatrullas está fuera de servicio, al igual que el 43% de las motocicletas y el 49% de las unidades destinadas al traslado de detenidos. Pero el problema va más allá. De los vehículos que permanecen en circulación, si acaso un 10% se encuentra en óptimas condiciones, según la Unión Nacional de Policías.
Es cierto que la acción de renovar las radiopatrullas no acabará con la violencia ni el narcotráfico, pero sí permitiría reforzar el control territorial, mejorar los tiempos de respuesta policial y reducir los márgenes de libertad con los que hoy se desplazan los delincuentes en muchas comunidades.
Para enfrentarlos, se requiere actuar sin dilaciones. Desde el 25 de febrero, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó un financiamiento por $150 millones, destinado, según la entidad, a que el Ministerio de Seguridad adquiera 6.000 patrullas, motocicletas, autobuses, drones y cámaras.
Por tratarse de endeudamiento externo, el crédito requerirá de al menos 38 votos en la Asamblea Legislativa, una mayoría calificada que obligará al gobierno a construir consensos y a garantizar absoluta transparencia, eficiencia y rendición de cuentas en cada etapa de esa millonaria inversión. Sin embargo, el préstamo no debería ser la única respuesta. También es indispensable actuar con creatividad y aprovechar recursos que el país ya tiene a su alcance. Entre ellos figuran los fondos y bienes decomisados al narcotráfico y a la legitimación de capitales, administrados por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
Desde 2023, el entonces ministro de Seguridad, Mario Zamora, estimó el fondo en $16 millones y planteó destinar el dinero a la renovación de radiopatrullas. Tres años después, vale preguntarse qué ocurrió con esa iniciativa.
También es fundamental reactivar la búsqueda de cooperación internacional. La donación de $3 millones para la compra de unas 40 patrullas, prometida por Japón en noviembre, es prueba de que existen oportunidades que el país debe aprovechar. Y entre 2008 y 2012, China obsequió al país 350 radiopatrullas, a lo que se suman 100 motocicletas donadas en 2021.
Igualmente, urge rescatar iniciativas que el propio MSP anunció en el pasado. Tal es el caso de “Adopte una radiopatrulla”, un programa presentado desde 1997 para facilitar la colaboración de municipalidades, asociaciones de desarrollo y empresas en la adquisición de vehículos policiales. Aunque ninguna de estas iniciativas sustituye la obligación estatal de financiar y equipar a la Fuerza Pública, sí pueden ayudar a aliviar el problema que arrastra el país.
De ahí que resulte indispensable que el Ministerio de Seguridad asuma un papel más proactivo y estratégico. Esto supone planificar con rigor las inversiones, agilizar los procesos de compra y establecer mecanismos permanentes de rendición de cuentas.
Y hay un aspecto que no debe pasarse por alto: el mantenimiento. Si Costa Rica va a endeudarse por $150 millones, el MSP debe asegurar desde ahora los recursos, contratos y capacidades técnicas para mantener esos vehículos en operación. De nada servirá incorporar nuevas unidades si, en pocos años, estas vuelven a salir de las calles para quedar inmovilizadas en talleres y patios por falta de repuestos o presupuesto.
Es claro, entonces, que la verdadera prueba del éxito no estará en las fotografías de entrega de las nuevas patrullas, sino en que esas unidades permanezcan funcionando cuando se les requiera. De lo contrario, Costa Rica seguirá atrapada en una paradoja inaceptable: un Estado con menos capacidad de movilización que las organizaciones criminales a las que pretende combatir.
