El viceministro de Seguridad Pública, Daniel Calderón, detalló este jueves en la Comisión Especial de Limón, de la Asamblea Legislativa, cuáles son las limitaciones presupuestarias que aquejan a ese despacho y les impiden reforzar la lucha contra la delincuencia en la provincia.
A manera de ejemplo, dijo que el patrullaje en esa provincia lo realizan con 43 patrullas y 69 motos, pero hay 25 patrullas en el taller (58% del total), debido a que requieren urgentes reparaciones y por ahora no se pueden comprar más unidades nuevas.
La realidad trasciende en momentos en los que Limón registra una tasa de homicidios cercana a 33 asesinatos por cada 100.000 habitantes, el triple de la tasa nacional. En lo que llevamos del año, la zona caribeña suma 31 homicidios, ocho más con respecto al mismo periodo del año pasado. Todas las provincias del país, con excepción de Alajuela, registran valores superiores a los del 2022.
Los diputados le cuestionaron a los jerarcas de Seguridad sobre los dineros que ingresan al Ministerio de partidas como el impuesto a cada caja de banano que se exporta (ley 7313), el impuesto a sociedades anónimas o el de impuestos a los casinos (ley 9050).
“El problema es que ya no hacen diferencia, pues actualmente están contemplados dentro del presupuesto ordinario y están sujetos a todas las disposiciones de la regla fiscal y todo lo demás”, aseveró Calderón.
Años atrás esos fondos estaban fuera del presupuesto, pero ahora están dentro del mismo techo presupuestario del Ministerio y ya no hacen diferencia, alegó Calderón.
Los diputados también le preguntaron al ministro Jorge Torres y a sus viceministros Calderón y Martín Arias, sobre la estrategia de seguridad, la cantidad de recursos en Limón para combatir la ola de homicidios y sobre los mecanismos de esa entidad para combatir la corrupción a lo interno, entre otras cosas.
Por ejemplo, indicaron que de la última graduación del curso básico de policía, 100 agentes fueron enviados a reforzar la vigilancia.
Sobre la estrategia, el ministro Torres no produndizó, simplemente indicó que se basa en un trabajo articulado y que además del ataque al tráfico internacional, van a combatir a las bandas locales que venden drogas, pues estas últimas son las que generan más de la mitad de los homicidios de nuestro país.
Explicó que del total de homicidios del año pasado (657) un 63% fueron por disputas territoriales y venganzas del narco.
Destacó que alrededor de cada búnker se concentran otros tipos de criminalidad, pues un adicto puede llegar a ocupar hasta ¢50.000 al día y ese dinero lo consigue al salir a delinquir.
Se trata de personas enfermas que están muriendo ahí, dijo Torres, al afirmar que la Policía llega, los saca y luego de revisar sus documentos, si no tienen cuentas pendientes con la justicia los deja libres y vuelven a esos sitios, pues muchos son enfermos utilizados por los criminales locales.
Insistió en que no solo con acciones represivas se debe enfrentar la criminalidad, sino con acciones culturales, de oportunidades laborales, educativas y deportivas, entre otras.
Daniel Calderón, por su parte, dijo que de setiembre a diciembre del año pasado las acciones policiales en comparación con el 2021 redujeron en 16% los asaltos, más del 32% los robos y un 33% los hurtos en el Caribe.
Fuerte desafío
Admitió que el principal desafío es el combate contra homicidios y por eso están priorizando acciones contra estructuras que están plenamente identificadas, de modo que con otros cuerpos policiales empezaron esta semana con la acción desarrollada al demoler propiedades en Moín y Cieneguita, que estaban en terrenos del Instituto Costarricense de Turismo y eran usados por estructuras del narco.
Justo algunas de esas estructuras estuvieron, durante años, a escasos 500 metros de la sede de Guardacostas.
En cuanto a las acciones a lo interno para contrarrestar la corrupción de policías, dijo que dentro de la Dirección de Inteligencia y Seguridad se conformó un equipo que está dedicado al seguimiento de los casos y cuenta con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos y del Gobierno de Colombia.
De hecho uno de los casos más importantes en Limón, se trabaja conjuntamente con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). En otras investigaciones en curso se brinda toda la información a la Policía Judicial para que los expedientes se resuelvan cuanto antes. El grupo que investiga estos casos se terminó de capacitar en noviembre pasado y empezó a operar en enero, pero entre los casos que investiga hay algunos que vienen desde meses atrás.
