EscucharEn setiembre del 2013, el gobierno próximo a concluir anunció su intención de mantener al Consejo Nacional de Concesiones (CNC) en “piloto automático” hasta la entrega del poder a la nueva administración. El ministro de Planificación, Roberto Gallardo, reflexionaba sobre las “grandes enseñanzas” de la concesión de la carretera a San Ramón y la necesidad de un replanteamiento del modelo de concesiones y el futuro del CNC.
Surgieron fórmulas mágicas para ejecutar la obra frustrada por las protestas vecinales contra el monto de los peajes y, a la fecha, el proyecto sigue en ascuas, salvo las obras urgentes para mantener a la importante carretera en funcionamiento. En los siguientes años, se habló de financiarlo con los fondos de pensiones y otros medios para, finalmente, depositar las esperanzas en la figura del fideicomiso.
Dirigentes del llamado Foro Nacional, grupo opuesto a la concesión, llegaron a cuestionar la necesidad del CNC en ausencia de proyectos por ejecutar, pero la entidad debía permanecer abierta para dar seguimiento a los contratos existentes en aquel momento, como la carretera a Caldera, el puerto y los aeropuertos Juan Santamaría y Daniel Oduber, operados bajo el modelo de gestión interesada.
El siguiente gobierno, cuyos personeros tomaron como tema de campaña la concesión de la vía a San Ramón y están entre los causantes de su fracaso, comenzó por anunciar un proyecto de ley para crear el Instituto Nacional de Infraestructura y Transportes (INIT) bajo cuyo alero operarían el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y el Consejo Nacional de Concesiones (CNC).
Para hacer el cuento corto, baste señalar que el INIT no existe y nunca existió y, al final de la administración, los titulares de prensa daban cuenta del riesgo de parálisis total del CNC por falta de fondos para operar. A mediados de febrero, el secretario técnico de ese momento advertía del agotamiento del presupuesto el siguiente 30 de abril.
Una nueva administración entró en funciones con la visión realista de las concesiones como único medio para desarrollar infraestructura mayor en un país carente de los recursos necesarios para enfrentar sus necesidades en esa materia. No obstante, el CNC no tiene grandes logros para mostrar en ese cuatrienio, si se descartan los proyectos avanzados cuando entregó el poder, como en el caso de Ciudad Gobierno, ideada para reunir a 16 entidades públicas en ocho edificios construidos mediante una concesión a 30 años, con un costo de $318,6 millones y la ampliación de la ruta 27.
La nueva administración desechó esos planes para sustituirlos por otros que todavía están lejos de concreción, y en dos años de ejercicio del poder ha tenido cinco secretarios técnicos del CNC. Sola la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE) de la Caja Costarricense de Seguro Social se ha mostrado más inestable, con sus siete jerarcas “permanentes” y un interino en el mismo período.
A lo largo de todos los altibajos, siempre hubo voces clamando por la revisión y el fortalecimiento del CNC. En la Asamblea Legislativa, hubo emprendimientos con ese fin, pero los primeros dos años de este gobierno fueron descritos por José Manuel Sáenz Scaglietti, secretario técnico de la anterior administración, como tiempo perdido. No podría ser de otra forma si las cabezas de la institución duran menos de medio año, en promedio.
El Consejo Nacional de Concesiones no deja de ser descrito como una entidad carente de músculo y siempre al borde de la parálisis. Pero tampoco deja de ser cierto que mientras no se le tome en serio, el país verá limitadas sus aspiraciones de construir la obra pública necesaria para el desarrollo. “Nadie evalúa el costo de no hacer las cosas”, afirma Sáenz Scaglietti. Si lo hiciéramos, quizá comprenderíamos de una vez por todas la importancia del CNC.
