Ya casi se cumplen dos años desde que, en mayo de 2023, la administración Chaves decidió romper unilateralmente el convenio institucional con la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), mediante el cual a esta última organización se le encargaba la importante labor de promover la atracción de la inversión extranjera a Costa Rica, una labor que había venido ejerciendo con un éxito contundente. En aquella ocasión, el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar Rivera, adujo que razones presupuestarias hacían imposible que el gobierno continuara financiando a la institución, por lo que esta función sería asumida de esa fecha en adelante por Procomer, la agencia oficial encargada de promover las exportaciones.
Información reciente divulgada por este diario la semana pasada reveló que pocos meses antes de ese rompimiento, el ministro Tovar y su entonces viceministra –y hoy ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt)–, Paula Bogantes Zamora, habrían ejercido indebidamente presión para que la organización despidiera a su director general y a la directora de Comunicación y Mercadeo. Esta última interpuso la denuncia correspondiente ante la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), la cual concluyó que, en efecto, ambos altos funcionarios habrían faltado a su deber de probidad en la función pública, por lo que remitió el asunto a la Presidencia de la República y a la Fiscalía General. En el primer caso, el gobierno descartó imponerles alguna sanción a pesar de la evidencia aportada, pero en el segundo, se iniciaron las pesquisas respectivas y los hechos están bajo investigación.
El deber de probidad, establecido en el artículo 3 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, dispone la obligación legal de que los servidores públicos orienten su gestión a la satisfacción del interés público y demuestren rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que les confiere la ley, de manera que las decisiones que adopten en cumplimiento de sus atribuciones se ajusten a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeñan. El deber de probidad es consecuencia directa de la norma constitucional que establece que los funcionarios son simples depositarios de la autoridad, están obligados a los deberes que la ley les impone, y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella.
La aparente transgresión de los ministros Tovar y Bogantes sería grave en cualquier circunstancia, porque quienes detentan temporalmente el poder público no deben utilizarlo para perseguir a oponentes políticos, ejercer represalias o revanchismo, o interferir en la relación laboral de terceros. Pero es aún más grave cuando existen precedentes de intervenciones similares en los que se ha exigido la terminación de contratos o la revocación de nombramientos –como fue el caso de la diputada Vanessa Castro en su relación profesional con Repretel o de la expresidenta de la Asamblea Legislativa Silvia Hernández con su nombramiento en el Banco Nacional–, en lo que parece haberse constituido en un inaceptable modus operandi adoptado por la administración Chaves para lograr sus objetivos y adquirir el control en diversas instancias. De hecho, estas revelaciones arrojan nuevas dudas sobre las verdaderas razones por las que el gobierno dio por terminado el convenio con Cinde.
Más allá de las implicaciones penales que le corresponderá determinar oportunamente a los tribunales de justicia, tales actuaciones sí conllevan una indudable responsabilidad política y ética. Política, porque todos los funcionarios públicos deben rendir cuentas de sus actos ante la ciudadanía, máxime cuando se trata de miembros de los supremos poderes, quienes, por definición, tienen una cuota de poder más grande y, en consecuencia, tienen también una mayor responsabilidad. Y ética, porque dichos funcionarios tienen la obligación moral de actuar siempre en consonancia con los principios y valores que conforman un Estado de derecho y actuar exclusivamente inspirados en el cumplimiento de los fines establecidos por ley.
No es correcto ni sano para la convivencia democrática que funcionarios del más alto rango utilicen sus cargos y la capacidad de influencia que estos les dan para llevar adelante actuaciones totalmente alejadas de sus potestades legales, como lo es perjudicar laboral o profesionalmente a particulares. No debemos dejar pasar por alto estos comportamientos abusivos, ni normalizarlos, ni trivializarlos. Si el Poder Ejecutivo no supo reaccionar apropiadamente ante los hallazgos de la PEP, corresponde ahora al tribunal de la opinión pública hacerlo. Lo que procede es un tajante reproche ciudadano.
